¿En dónde está la solidaridad de los medios ante un atentado a la libertad de expresión?

Medios sesgados. Medio que vive del dinero que recibe de un partido político o del gobierno, es medio que no tiene interés en la libertad de expresión porque, por definición, ya no la tiene: sólo puede hablar de lo que sus pagadores le permitan.

En Internet han proliferado las "páginas de noticias". Todas ellas deben estar recibiendo su "maíz", como es "natural" en este país, México, de ésos que se ven "bien" en sus notas.

Artículo 7 fue objetivo de un atentado a su libertad de expresar dentro de los términos del artículo constitucional que lleva su nombre.

Delitos oficiales consumados. No sólo los ciudadanos que no son autoridad pueden ser sujetos de la comisión de delitos: también cometen delitos los policías de todos los rangos, los alcaldes, los gobernadores, los legisladores y el presidente.

El día 2 de julio de 2009, como lo explica con todo detalle nuestra nota, los policías uniformados que detuvieron a los 6 jóvenes —2 menores, una niña de 15 años y un niño de 16— que estaban repartiendo nuestro semanario, cometieron un delito.

Las personas que les dieron a los policías la orden de arrestar a los jóvenes repartidores, cometieron, también, un delito.

Las personas que los mantuvieron encerrados —a los menores en un baño dentro del edificio municipal— en Tizimín, cometieron también por lo menos el delito de privación ilegal de la libertad, con las agravantes del encierro de los menores.

Las personas que los trasladaron por la carretera de Tizimín a Mérida esa noche, son cómplices de la privación ilegal de la libertad de los 6 jóvenes.

Proceso con mañas. Después de una noche completa esperando que la instancia jurídica dependiente del gobierno de Yucatán liberara a los 6 jóvenes, no fue sino hasta las 5 de la mañana que lo hizo con los 2 menores. La menor se negó a declarar; el menor aceptó declarar. Le presentaron para que firmara una declaración en la que decía que se le había "detenido" por repartir volantes o folletos de propaganda electoral. Pero se toparon con un joven despierto e inteligente: se negó a firmarlo en esos términos. Insistió: "yo estaba repartiendo ejemplares del semanario Artículo 7". Finalmente, así quedó su declaración.

Traslado a dependencia federal: PGR. Liberación. No habiendo podido fincar delito alguno de los llamado del "fuero común", los 4 jóvenes fueron entregados a la dependencia federal. Aplicando simplemente la ley vigente en nuestro país, en menos de 4 o 5 horas, los 4 fueron liberados sin habérseles fincado delito o falta alguna que ameritara castigo o sanción de ninguna clase.

Programa televisivo y páginas de Internet. Haste el momento de estar escribiendo estas líneas, varias páginas de Internet mantienen la falsedad, tratando de inventarle a Artículo 7 o a su personal, algún delito en forma mediática.

Al programa de televisión con el conductor José Luis Preciado, acudió el procurador y volvió a repetir que se les detuvo porque "supuestamente" estaban repartiendo volantes de propaganda política. Lo que le faltó decir al C. Procurador es que la detención no tuvo ningún fundamento legal porque, para empezar, estaban repartiendo ejemplares del semanario Artículo 7, 56. Tampoco el comentarista ayudó a que la verdad quedara clara.

Pidiendo derecho de réplica, gente que escuchó el programa de Preciado fue aceptada para decir su versión en la misma forma que la versión "oficial" había sido dicha.

Impunidad. Todos los elementos están dados: oficialmente se configuraron delitos. Nosotros no somos profesionales de la ley, sino periodistas tratando de informarle a la gente temas que sustentamos con investigación para ayudar a entender o a aclarar aquello que puede estar sujeto a confusión e influir erróneamente en las tomas de decisiones cotidianas.

El sentido común más sencillo nos dicta que la secuencia de hechos configura delitos y quien comete delitos debe ser juzgado y castigado según la gravedad de los mismos.

Si no hay juicio, si no se persigue el delito configurado por los participantes en el secuestro y privación ilegal de la libertad a los 6 involucrados —2 menores de edad entre ellos— caeremos en una situación de impunidad oficial y estaremos, como sociedad, enviando el mensaje de renuncia a nuestra seguridad.

Nuestros empleados. La policía estatal está cada día más armada. Cada día hay más retenes y cada día están cometiendo más arbitrariedades. Ellos no son nuestros verdugos, sino nuestros empleados. Como tales, somos nosotros quienes debemos decidir, como sociedad, si los queremos en los cargos que tienen o si deben ser sustituidos por nuevos contratados.

La gobernadora Ivonne Ortega y el presidente Calderón, son también empleados de la sociedad yucateca y mexicana respectivamente. Si actúan con arbitrariedad provocarían una escición social y la necesidad de removerlos de sus cargos.

Hechos a investigar. Debe conocerse con exactitud:

1. Si la orden de llevar a cabo el arresto fue aprobada por la gobernadora
2. Si la orden del arresto fue aprobado u ordenado por el alcalde de Tizimín
3. Si gente del PRI estuvo involucrada en el suceso, acusando con falsedad o bien, participando en la operación
4. Si el aparato oficial de Tizimín —personal, equipo y edificio— estuvo en algún momento en forma directa o indirecta bajo las órdenes del priismo
5. Si personal y equipo del estado de Yucatán estuvieron bajo las órdenes del priismo yucateco o tizimileño

Compensación monetaria. Las familias de los 6 voceadores y los voceadores mismos deben ser compensados económicamente para contrarrestar el daño existencial —temporal o continuado— que pudieran haberles causado. Esto implica demanda penal y demanda civil. Y ambas están dirigidas a la actuación de los elementos que se hayan involucrado.

Reacción de la sociedad. Si una vez más la sociedad yucateca les deja a "otros" la realización de acciones para compensar estos daños, se habrá consumado, también, la ecuación de calidad de pueblo igual a calidad de gobierno.