Distribuidores de Artículo 7, privados ilegalmente de su libertad por hacer su trabajo

El atentado se perpetró en Tizimín, ordenado por la autoridad de ese municipio

Nuestros voceadores, los encargados de la distribución durante esta semana de nuestro suplemento especial que le habría tocado a Tizimín, han sido arbitrariamente detenidos y se encuentran en estos momentos —13:27 hrs. de julio 2 de 2009— privados de su libertad.

Se trata de:

1. Julio Arturo May Canché
2. Martín Alfredo Canché
3. Manuel Castro Cupul
4. Marisol Chan Rosado
5. María Paula Nahuat Tamayo
6. Eric Ávila Rosado

Las personas encargadas de la administración y ejecución del ayuntamiento de Tizimín no han dicho la razón por la cual los voceadores de Artículo 7, quienes se encontraban repartiendo el suplemento especial para el oriente de fecha 29 de junio de los corrientes, continúan privados de su libertad.

Éste es un atentado más a la libertad básica de expresión, defendida y protegida por todas las leyes nacionales e internacionales, además de ser un derecho humano básico definido en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El ayuntamiento de Tizimín está presidido por el C Dr. Peniche Bates, emanado del PRI. Las personas que pertenecen a este partido, de cualquier nivel que sean, han aprendido a lo largo de la historia de México que los medios —impresos, electrónicos, radio, televisión— sólo pueden hablar bien de sus políticos.

En el momento en que un medio, de cualquier índole, osa publicar información que de ser leída con cuidado por cualquier ciudadano, le haría repensar las cosas, de inmediato gritan, gimen, lloran y cometen verdaderos delitos contra los derechos humanos básicos, como la detención de las 6 personas en Tizimín la mañana del 2 de julio de 2009.

No es la primera vez que Artículo 7 sufre un atentado de este tipo. La primera vez provino de un medio que recibe anualmente más de $23 millones del gobierno de Yucatán por el escueto concepto de "cobertura de eventos". Ese medio amedrentó a voceadores que habían acordado la distribución de nuestro semanario, amenazándoles con quitarles la distribución de su periódico. Ese medio, al hacer ese tipo de amenaza, atentó contra el esfuerzo supervivencial que hacen quienes distribuyen periódicos en las calles, y en el caso de los nuestros, los amedrentó provocando que renunciaran al modesto ingreso que distribuir A7 les reportaría.

No puede existir acuerdo alguno que esté por encima de las leyes del país, y mucho menos por encima de la ley fundamental, la Constitución, ni del IFE ni de los partidos entre sí. Cada vez se está jugueteando más con la libertad de expresión. Los añorantes del pasado se han dado cuenta de que eso de mantener medios libres no es conveniente porque puede impedir el progreso de su clientelismo populachero, populista y engañador, ese mismo que mantuvo a México estancado por más de 70 años.

A partir de la victoria de la oposición de 50 años en el 2000, los medios mexicanos comenzaron a gozar de una verdadera libertad, la única que puede existir en un país que se precie de ser civilizado y democrático. ¿Qué sucedió? Que la gran mayoría de los medios sencillamente no estaba preparada para esa libertad. Eran empresas —grandes, pequeñas o medianas— acostumbradas a recibir línea editorial del gobierno, y en una proporción pecuniaria acordada en los oscurito. Así lo hicieron los que tuvieron el poder por 71 años.

El nuevo gobierno federal del 2000 traía no sólo la convicción de la democracia, sino una total falta de consideración para el tema control de medios masivos de comunicación. No era un asunto en la agenda. Craso error: se pensó que ya habíamo progresado en forma automática con sólo un resultado electoral en 100 años. Pero fue un error "correcto", un error que quizás sólo era aceptable el cometerlo. No hacerlo significaba continuar con el mismo juego de control que se había ejercido desde Los Pinos o Bucareli por casi un siglo.

Y esos medios, en su mayoría, le debían su existencia a los que estaban dejando el poder en ese momento, precisamente a los correligionarios políticos del C. Presidente Municipal de Tizimín, el doctor Peniche Bates y la gente que él dirige; la gente que en forma arbitraria procedió a la privación ilegal de la libertad de 6 personas haciendo un trabajo lícito.

El "sistema" de naturaleza tricolor ya pintó un monstruo y ahora quiere que nos asustemos. Una vez hecha la arbitrariedad sería bastante difícil que puedan retractarse como gente civilizada. Ellos y sus medios satélites van a trabajar duro para prejudicar la labor de Artícuo 7.

Esto hace que en forma por demás especial apelemos a los yucatecos que sí creen en la democracia y en el respeto irrestricto a los derechos humanos para que actúen colectivamente en el proceso que necesitamos para detener esta ola implacable de arbitrariedad, ilegalidad, simulación, engaños y deshonestidades.

Poco a poco, sigilosamente, le van dando forma al golpe mortal que al estilo de los dictadores, planean asestarle a las libertades individuales básicas. Se trata de un grupo político que siempre fue "coqueto" con los regímenes enemigos de las libertades, sabiendo hacer "parecer", durante su hegemonía, que todo en México "era perfecto".

Es una pesadilla existencial vislumbrar que los mexicanos tendremos que pasar por el mismo camino nuevamente. ¡Ahí vamos!