México (4 de febrero).- Distrito Federal ─ La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) investiga al juez federal Luis Armando Jerezano Treviño, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, tras detectar en un banco de Texas una cuenta a su nombre y de su esposa, Claudia Zulema Alanís Treviño, por un monto superior al millón y medio de dólares; existen indicios de que los fondos, que han sido asegurados, fueron producto de actos de corrupción cometidos por el juzgador en beneficio de integrantes del crimen organizado.

Esta información ya fue entregada a la Procuraduría General de la República (PGR), que tiene abierta una averiguación previa contra el mismo servidor público por sus posibles vínculos con el crimen organizado. Actualmente, Jerezano Treviño sigue libre, pero fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) desde septiembre de 2011 por irregularidades en su actuación, y en enero pasado se le inició un procedimiento administrativo.

El reporte del Departamento de Justicia de EU, número M3-11-0041, elaborado en enero de 2012 por agentes de la DEA —División Houston—, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, da cuenta de la investigación que se inició contra el juez y su cónyuge, por los cuantiosos depósitos que comenzaron a realizar desde el 20 de marzo de 2007 en el International Bank of Commerce (IBC BANK) de Mc Allen, Texas, que reportó a las autoridades las operaciones inusuales de la pareja.

El documento refiere que los agentes Jennifer Sánchez y Walter F. Linoski iniciaron la investigación de lavado de dinero internacional con base en la información recibida del banco IBC respecto a los depósitos de la cuenta 2510305026, a nombre de los mexicanos Claudia Zulema Alanís Treviño (ama de casa) y su esposo, el juez Luis Armando Jerezano Treviño.

La institución crediticia sospechó que “la actividad no parecía tener fin lícito y podría relacionarse con lavado de dinero”. Boletas de depósito que forman parte de las evidencias en su contra indican que entre el 2 de octubre de 2007 y el 17 de julio de 2008, la mujer realizó cuatro operaciones por un total de 108 mil 920 dólares.

Cada depósito fue superior a los 10 mil dólares sin hacer la declaración de efectivo que se exige al entrar a Estados Unidos, aunque la mujer y su esposo —que cruzaron a EU por el puerto de Hidalgo— aseguraron que sí habían cumplido con el requisito, violando así las leyes de ese país.

Aunque esta fue una irregularidad menor de las que detectó la DEA en su investigación sobre las operaciones financieras de Jerezano Treviño y su esposa, que declararon su residencia oficial en Guadalupe, Nuevo León.

El pago por corrupción

El 20 de agosto de 2007 la esposa del juez ingresó a su cuenta común 301 mil 500 dólares, a través de un cheque firmado por Enrique Adolfo Gutiérrez Falcón, apoderado legal de Juan Chapa Garza, considerado por las autoridades mexicanas como un prestanombres del narcotraficante Juan García Abrego, fundador del Cártel del Golfo.

La DEA rastreó esta operación y el cheque con la firma de Gutiérrez Falcón en el que autorizó al banco el pago de esa cantidad a favor de Claudia Zulema Alanís.

Una operación similar se realizó el 17 de diciembre de 2007, donde Gutiérrez Falcón ordenó al banco que se transfiriera a la cuenta del juez y su cónyuge la suma de 606 mil 214 dólares. En total, en sólo dos transacciones financieras en menos de cuatro meses, recibieron fondos por 907 mil 714 dólares, sin que hasta el momento hayan explicado los motivos lícitos para recibir estos recursos.

En su investigación, la DEA buscó el nexo entre el hombre del que provino casi un millón de dólares a favor de Jerezano Treviño y su mujer, y lo encontró.

El juez Jerezano Treviño fue el mismo que siendo titular del Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila, el 27 de octubre de 2006 concedió el amparo 1190/2006 en el que ordenó a la PGR que devolviera las propiedades que tenía aseguradas a nombre de Juan Chapa Garza —el prestanombres de García Abrego.

De hecho, en la acusación formal que se integra ante una corte federal de Texas, se anexó como evidencia un documento del 2 de septiembre de 2007 en el que se ordena la devolución de diversas propiedades, entre ellas la conocida como “Las Margaritas”, ubicada en el Boulevard Jesús Valdez Sánchez número 5230, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, “resuelto y firmado por Luis Armando Jerezano Treviño, juez Cuarto de Distrito de La Laguna, Torreón, Coahuila”.

En el documento se incluye como prueba el amparo 1190/2006, donde el mismo juzgador concede la protección de la justicia federal a Chapa Garza para que se le regresen las propiedades en octubre de 2007. El reporte de la DEA establece que “básicamente, es un fallo para regresar las propiedades a J. Chapa Garza, que estaban a disposición de PGR”. Lo que explicaría el pago por casi un millón de dólares al juez mexicano por parte del apoderado legal del beneficiado con su resolución judicial.

Derivado de esta investigación en Estados Unidos, el 19 de enero de 2012 los fondos de la cuenta de Jerezano Treviño y su esposa —que para ese momento sumaban un millón 556 mil 581 dólares— fueron asegurados por el fiscal de Distrito del Condado Hidalgo. El juzgador fue citado el 25 de enero de este año a declarar sobre este caso, para que explique el origen de los fondos, pero no se presentó, informaron a este diario fuentes cercanas al caso.- (Agencias)