MEXICO, D.F., 15 de abril.- Un juez federal admitió la solicitud de concurso mercantil que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) para rescatar a la empresa Oceanografía de posibles embargos y mantenerla operando, y así salvaguardar el empleo de más de 11 mil trabajadores.

Felipe Consuelo Soto, Juez Tercero del Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, ordenó la suspensión judicial de todos los actos que puedan ejercer los socios de "Oceanografía" que busquen cobrar lo que se les adeuda.

El Juez Tercero del Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Felipe Consuelo Soto, ordenó la suspensión judicial de todos los actos que puedan ejercer los socios de *Oceanografía que busquen cobrar lo que se les adeuda.

Consuelo Soto fue quien llevó de inicio el concurso mercantil de Mexicana de Aviación, hasta que fue removido de ese cargo en el 2012, luego de que se presentaron quejas administrativas en su contra por prolongar el concurso de la empresa aérea.

En el acuerdo emitido por el juez Consuelo Soto, se ordenó que se designe un visitador del concurso al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), el cual administra desde hace más de dos meses las operaciones de Oceanografía para mantener los contratos de servicio que asumió con Petróleos Mexicanos.

Así, el juez admitió a trámite la demanda de concurso mercantil de la empresa Oceanografía y ordenó suspender todas las acciones judiciales que los acreedores pudieran intentar para recuperar sus deudas.

Felipe Consuelo Soto admitió la demanda presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) con la que se busca mantener la viabilidad de la compañía, que se estima tiene deudas por al menos mil 500 millones de dólares.

Rechazó la petición de la dependencia federal para que los acuerdos que dicte durante el trámite del concurso sean clasificados como "reservados" y no se publiquen en la lista del Juzgado, con lo que sostuvo el criterio que utilizó cuando estuvo a cargo del concurso de Mexicana de Aviación.

"El presente asunto es de orden público y sus actuaciones se rigen, entre otros principios, por el de publicidad, por lo tanto la ley de la materia no prevé supuesto alguno para realizar la publicación de los acuerdos del presente asunto como reservados", sostuvo Consuelo.

El visitador del concurso será el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), que ya había asumido la administración de Oceanografía desde principios de marzo, cuando el Gobierno intervino la empresa tras revelarse el fraude de 400 millones de dólares contra Banamex.

La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes señala que el SAE será visitador, conciliador y/o síndico en todos los casos de concurso de empresas aseguradas.

Como visitador, el Servicio tendrá la función de confirmarle al juez lo que la Procuraduría ya sostuvo en su demanda, es decir, que la compañía es insolvente y que se le debe declarar en concurso mercantil para iniciar un periodo de conciliación y buscar un convenio con sus acreedores o, de lo contrario, declarar la quiebra.

Usualmente, el visitador es un especialista ajeno a la empresa insolvente, que se encarga de examinar sus libros y contabilidad, pero como en este caso el SAE tendrá esa función, es previsible que la etapa de visita será muy breve y el juez podrá dictar en cuestión de días la sentencia declarando el concurso, lo que abrirá el periodo de un año para la conciliación.

"Se autoriza expresamente al SAE para efectuar aquellos pagos de créditos laborales y todos aquellos que resulten indispensables para la continuación ordenada de las actividades ordinarias de la presunta concursada", agregó Consuelo.

El concurso de Oceanografía será peculiar porque la mayoría de los principales acreedores cuentan con garantías hipotecarias sobre la flota de barcos de servicios petroleros de la empresa, lo que les dará prioridad por encima de acreedores comunes, y sólo por debajo de los trabajadores y el fisco.

Los acreedores hipotecarios incluyen a los tenedores de dos emisiones de deuda que sumaron 495 millones de dólares.

Los tenedores de la primera emisión tienen siete barcos en garantía, mientras que los dueños de la segunda emisión tienen bajo su control el barco OSA Goliath, el más importante de la flota, que será rematado en cuanto lo permita una Corte de la isla caribeña de Aruba.

Otros nueve barcos están en garantía de un crédito de 220 millones de euros del banco holandés Rabobank, y tres más serían para el banco alemán Helaba, que prestó 11 millones de dólares.

Los acreedores sin garantía, además de Banamex, incluyen a empresas como la finlandesa Wartsila, la estadounidense National Oilwell Varco y la constructora mexicana Eseasa, por mencionar algunas. (Milenio/Agencia Reforma)