México (15 de abril).- Las reformas que buscan sancionar hasta con 140 años de cárcel a los secuestradores que asesinen, mutilen o violen a sus víctimas generaron discrepancias en las posturas entre los grupos parlamentarios en el Senado.

En entrevista el senador del PRD, Zoé Robledo Aburto, dijo que esta reforma impulsada por el PVEM tiene un carácter electoral y no resuelve de fondo el grave problema del secuestro y la impunidad en que operan las bandas.

Dijo en entrevista que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el 2012 se registraron 115 mil secuestros en México, de los cuales sólo se presentaron dos mil 431 denuncias.

“Lo que es más grave es que sólo se procesó a 401 personas por estos miles de casos de secuestros y de ellos sólo 209 fueron sentenciados. Es decir menos del uno por ciento de los 115 mil casos de secuestro en México en el 2012”, dijo.

El legislador por Chiapas recordó que el establecer cadena perpetua a los secuestradores-homicidas en una de las promesas de campaña del PVEM y que la reforma que quedó pendiente de aprobar en los hechos establece ello, aunque no sea un factor reducir los plagios, ni la captura de delincuentes en México.

Por su parte, Omar Fayad, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado y Jorge Luis Preciado Rodríguez, coordinador del PAN, criticaron que por cálculos político-electoreros el PRD no votará la iniciativa del Partido Verde que impone 140 años de prisión para castigar el secuestro.

El legislador priísta Omar Fayad rechazó que la propuesta del Partido Verde sea anticonstitucional como lo afirman los senadores perredistas, pues hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dictó sentencia favorable al gobierno de Chihuahua, cuando instrumentó la pena vitalicia para sancionar este delito.

Dijo que esa jurisprudencia no clasificó a la pena vitalicia o cadena perpetua, como una de las penas infamables prohibidas por la Constitución.

Fayad Meneses lamentó que el PRD politizara un asunto meramente de justicia. Lamentó que en principio, en comisiones los perredistas dieron su voto a favor y en el pleno no lo ejercieran.

Rechazó que estas enmiendas sean populismo penal, como las calificó el senador Alejandro Encinas Rodríguez, porque populismo penal es cambiar las leyes del Distrito Federal para sacar a los vándalos que causaron destrozos el 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, como presidente de la República.

“Populismo penal es que cuando se delinque, como delinque en el Distrito Federal y va el PRD y le paga la fianza a los delincuentes, eso es populismo pena. Están ahí los videos, todo mundo vio que delinquieron, que robaron, que rompieron bienes de la nación, bienes de los particulares”, dijo.

Por su parte, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jorge Luis Preciado (PAN), respaldó la propuesta del Partido Verde e insistió que el PRD manda un mal mensaje al no coincidir con esta sanción, que lo que persigue es defender a la víctima y sancionar al delincuente.

Reprochó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no avale esta iniciativa, por razones electoreras.

“Yo entiendo que el conflicto ni siquiera se genera por la posición de la reforma, el conflicto se generó porque ellos señalan porque es una parte de la agenda que trae el Partido Verde Ecologista, como el Partido Verde Ecologista les está quitando algunos puntos porcentuales en términos electorales, lo que quieren es que no lo utilicen como bandera política”, dijo.

Preciado Rodríguez aseveró que quien secuestra a una persona, la mutila, la viola, la tortura o la mata, se le debe aplicar una sanción más grave.- (La Vanguardia)