México (14 de junio).- El Gobierno capitalino, las delegaciones y hasta la Asamblea Legislativa (ALDF) estarán obligados a garantizar la accesibilidad a los inmuebles y espacios públicos.

La nueva Ley de Accesiblidad del Distrito Federal, recientemente aprobada en la ALDF, busca dar a las personas con discapacidad, plena movilidad y autonomía, y que la ciudad sea ciento por ciento accesible bajo estándares nacionales
e internacionales.

Jorge Zepeda, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa informó que corresponde al mandatario local, Miguel Ángel Mancera, por conducto de sus dependencias, así como a las delegaciones en el ámbito de sus facultades, hacer cumplir esta disposición.

La ley incluye una campaña de sensibilización para promover el conocimiento y reflexión de las necesidades, avances y propuestas a favor de las personas con discapacidad intelectual, motriz, visual y auditiva, y promover la accesibilidad universal.

En lo cotidiano, hay barreras físicas que impiden el acceso a espacios públicos como teatros, deportivos, oficinas de gobierno que no cuentan al cien por ciento con accesibilidad para las personas con discapacidad y esta ley obliga a todos los espacios, tanto públicos como privados, A QUE cuenten con dicha accesibilidad”, dijo el diputado del PRD.

El Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad capitalino (Indepedi) será el encargado de visitar los lugares, principalmente los edificios de reciente creación, para supervisar que dentro de su proyecto de construcción cuenten con los esquemas de accesibilidad que ya aparecen en el manual y obligar a que se cumplan con
esas normas.

Calificará, evaluará y certificará los inmuebles para que tengan rutas accesibles, rampas, puertas adecuadas, rutas táctiles, sanitarios con adecuaciones y cajones de estacionamiento, entre otros.

También será el verificador de aspectos relativos a la comunicación, como recursos de apoyo táctil referentes al sistema de lectura Braille y acceso a las tecnologías de la información.

​La legislación habla también de la instrumentación de los procedimientos para la certificación de intérpretes en lengua de señas mexicana.

Fidel Pérez de Léon, director general del Indepedi dijo que con esta ley se da un paso importante para cambiar la percepción de la discapacidad y eliminar obstáculos, pues “la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí”.

Ejemplo desde la academia

Desde hace 15 años, la Universidad Iberoamericana y la Asociación Civil Libre Acceso trabajan en la inclusión social de las personas con discapacidad, para alcanzar entornos arquitectónicos y urbanos dignos, incluyentes y accesibles.

Esto es a través del convenio de colaboración Espacios dignos con el cual pusieron en operación los dos primeros programas públicos de evaluación masiva de la accesibilidad en México, Establecimiento Amigo 1999 y 2000, de los cuales el campus de la Ibero obtuvo un reconocimiento.

En estos programas están inscritos 437 establecimientos, y el modelo se replicó en 2006 en el Programa Restaurantes Accesibles, que evaluó 96 inmuebles.

A la fecha, Espacios dignos ha realizado más de 800 evaluaciones sobre accesibilidad a edificios de instituciones públicas y privadas, como los del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de Migración, la Basílica de Guadalupe, la Alberca Olímpica Francisco Márquez, el Palacio de los Deportes, el Teatro Metropólitan y el Foro Sol, entre otros.

José Luis Gutiérrez Brezmes, académico del departamento de arquitectura de la Universidad Iberoamericana señaló que los diseños arquitectónico y urbano deben favorecer la inclusión, algo que se logra cuando se hacen a un lado los estereotipos antropométricos (referentes al estudio de las dimensiones y medidas humanas) y se comprendan las características físicas de los usuarios de los espacios.

Federico Fleischmann, presidente de Libre Acceso, reconoció que hace 25 años, cuando se fundó esta Asociación Civil, en la Ciudad de México no había ni una sola rampa, ni cajón de estacionamiento para personas con discapacidad, lo que era una evidencia de una total exclusión social, que se extendía a la educación y al empleo.- (Excélsior)