MORELIA, Michoacán, 1 de julio.- El ex vocero de las Autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, "se fue por la libre” y cometió un desafío flagrante al Estado, lo que derivó en la comisión de delitos, por lo que fue detenido y enviado a prisión; además, se investiga su situación patrimonial, a través de sus cuentas bancarias, por una serie de depósitos que recibió y cuyo origen rastrean las autoridades.

Alfredo Castillo (arriba-c), Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, ofreció una conferencia de prensa en la que reveló las razones de la captura ex vocero de las Autodefensas, José Manuel Mireles Valverde (abajo).

Alfredo Castillo Cervantes, Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, explicó así las razones que llevaron a la aprehensión de 82 personas y el ex líder comunitario, quien fue consignado por la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

En conferencia de prensa, el Comisionado recordó que desde el 10 de mayo pasado, cuando se firmó el acuerdo para institucionalizar a los Grupos de Autodefensa en Michoacán, se estableció que ninguna persona podía estar armada, pero el doctor Mireles “se fue por la libre” en un desafío al Estado.

Indicó que “tenemos que apostar por las instituciones y la solidez de los cuerpos policíacos para garantizar la seguridad, y no podemos permitir que un grupo de personas, por la libre, y en este caso por primera vez confrontando y no solicitando la intervención al Estado, puedan hacer un desafío en flagrancia. Se les advirtió que serían detenidos y eso es lo que está aconteciendo”.

Sobre el operativo que el Ejército y la Marina realizaron el 27 de junio pasado en La Mira, Michoacán, para aprehender al doctor Mireles y al grupo que pretendió reagruparse como Autodefensa en esa comunidad, el Comisionado detalló que a los inculpados se les aseguraron 19 vehículos, más de 40 armas largas y cortas —que no cuentan con registro—, así como más tres mil 600 cartuchos y 30 mil pesos.

Castillo Cervantes reveló además que en la camioneta blindada, propiedad del ex vocero, había documentos de depósitos y retiros bancarios, que ya son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para conocer el origen.

En el mismo vehículo también se encontraron cuatro bolsas de marihuana y una de cocaína. Al respecto, el funcionario comentó que “no se usa la figura jurídica de narcomenudeo, tampoco para la venta o algo que pudiera constituir una figura con mayor penalidad, simplemente fue encontrado en el vehículo esta sustancia y se da como posesión simple; será en su momento el órgano jurisdiccional a través de los exámenes toxicológicos, o más que criminalizar la conducta, que el propio juez gire un oficio para el Centro de Adicciones para su tratamiento”.

No obstante, al ejercer la acción penal en su contra, la PGR sí consignó a Mireles Valverde por delitos contra la salud, además de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Aunque el ex líder de las Autodefensas ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número 11, en Hermosillo, Sonora, el expediente de la causa penal en su contra 137/2014, quedó a cargo del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, a quien corresponderá definir la situación legal del doctor y de tres personas detenidas con él, contra las que también se ejerció la acción penal por los mismos delitos.

Ayer mismo se tomó la declaración preparatoria a Mireles Valverde y coacusados, por lo que el juzgador tiene hasta las 23:40 horas del 2 de julio para definir la situación jurídica de los imputados.

Sobre lo declarado por Thalía Vázquez, abogada de Mireles, de que a su cliente se le violaron sus garantías durante su aprehensión y se le “sembraron” drogas y armas, que son evidencia de los delitos que se le imputan, Castillo rechazó la versión y dijo que no fue encapuchado; “en todo momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos observó las conductas que se dieron dentro de las instalaciones y dijo que no existía violación a sus garantías”. (El Universal)