México (4 de septiembre).- La investigación sobre la posible masacre de 43 estudiantes en México, que encendió la indignación dentro y fuera del país y sacudió al Gobierno, estuvo repleta de vicios, errores y omisiones que obligarían a revisar por completo todo el caso.

Pérdida de evidencias, falta de peritajes, pruebas científicas que no sustentan la hipótesis de que los estudiantes fueron quemados y presuntas confesiones forzadas, son parte del cúmulo de deficiencias en las que incurrió la fiscalía federal, dijeron a Reuters abogados con conocimiento de la investigación.

Si se comprueba que un grupo de supuestos sicarios detenidos confesaron bajo tortura que secuestraron y quemaron en una pira a los jóvenes, el caso podría caerse en tribunales o prolongarse por años sin que los autores de uno de los peores crímenes del que México tenga memoria sean condenados, aseguraron.

“Son peritajes que no resistirían un escrutinio público. Acá no hay nada (que sustente el caso), incluso no hay cuerpos”, dijo Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh y representante legal de las familias de los jóvenes, que salieron de su escuela rural el día de su desaparición hace casi un año para apoderarse de autobuses que utilizarían en una protesta.

Las fallas harían tambalear la teoría del Gobierno de que los estudiantes fueron calcinados, un versión que el entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, llamó en enero la “verdad histórica” sobre el destino de los muchachos.

Y también muestran que el gobierno de Enrique Peña Nieto no pudo superar las fallas crónicas de un sistema de justicia que históricamente no resuelve la mayoría de los crímenes.

“Se descansa mucho en las declaraciones, eso es un problema”, dijo un abogado independiente con conocimiento de la investigación, que prefirió el anonimato. “Si se te caen las declaraciones, se te puede caer el caso”.

Las fuentes revelaron que las pesquisas no siguieron el protocolo básico de una investigación criminal.

Por ejemplo, no se analizaron comunicaciones telefónicas de estudiantes, familiares, activistas, policías y maestros luego de que los jóvenes fueran baleados por efectivos municipales en complicidad con sicarios, y antes de que desaparecieran la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala.

Por si fuera poco, ropa de los estudiantes quedó olvidada en dos fiscalías distintas, se esfumaron videos de cámaras de seguridad que podrían haber dado pistas de cómo desaparecieron, y hasta hace poco no habían sido revisadas las de la terminal de autobuses donde comenzaron las discusiones con policías.

Para los padres de los jóvenes y organizaciones de derechos humanos, el Gobierno estaba apurado por apaciguar la presión de un escándalo que dejó en evidencia la debilidad institucional del país y el grado de complicidad entre autoridades municipales y el crimen organizado.

“Ya se quería cerrar el caso, fue un criterio evidentemente político”, agregó el abogado Aguirre.

NO HUBO CONFUSIÓN

El entonces fiscal Murillo, que fue relevado poco después de difundir sus conclusiones, aseguró que los estudiantes desaparecieron porque fueron confundidos con miembros del grupo criminal Los Rojos, rivales de la banda delictiva dirigida por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Angeles Pineda, los Guerreros Unidos.

La versión oficial dice que fueron detenidos por policías municipales de Iguala y de la vecina localidad de Cocula y entregados a sicarios de Guerreros Unidos, que los llevaron en cajas de camiones a un basurero cercano a donde muchos llegaron asfixiados.

Sus cuerpos fueron quemados y sus restos arrojados a un río cercano, en un estado tal de calcinación que solamente uno pudo ser identificado, explicó Murillo.

Reportes incluidos en el gigantesco expediente del caso, a los que Reuters tuvo acceso a través de los abogados, muestran que la policía municipal de Iguala, la Policía Federal y el Ejército conocían los movimientos del centenar de jóvenes que partieron de Ayotzinapa, una aldea a 230 kilómetros de Iguala.

Los alumnos de esta escuela rural de magisterio, en el empobrecido estado Guerrero, son conocidos por su formación marxista y por tomar carreteras para protestar y recolectar dinero para la institución.

“En el tema de Los Rojos hay cosas que caen por su propio peso. Si realmente (los estudiantes) hubieran estado infiltrados no estarían con piedras, estarían con armas”, dijo el abogado independiente.

Y aseguró que, aunque la Procuraduría General de la República (fiscalía federal) realizó un gran despliegue de búsqueda e investigación, cayó en los vicios del sistema judicial mexicano y debe volver a hacer peritajes si quiere evitar que el caso se desmorone.

Reuters no pudo revisar toda la evidencia contenida en la extensa investigación del Gobierno.

Pero las autoridades no han capturado a algunos de los responsables del ataque, como el entonces jefe de la policía de Iguala, Felipe Flores, y al jefe de sicarios Gilberto López, que ordenó masacrar a los jóvenes, según la versión oficial.

Tampoco han sido llamados a declarar personajes involucrados desde un comienzo en los hechos, como el ex gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, o el entonces comandante de la Policía Federal en Iguala, Luis Dorantes.

Peña dijo en enero que era necesario hacer justicia en el caso de los estudiantes, pero a la vez instó a cerrar el capítulo y seguir adelante.

“Estoy convencido de que este momento en la historia de México, de pena, de tragedia y de dolor, no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí”, señaló en un discurso.

La PGR no respondió a una solicitud de entrevista de Reuters para conocer los avances de la investigación ni tampoco a una lista de preguntas en torno a las fallas del caso.

Mientras tanto, el alcalde Abarca y su esposa están detenidos pero la PGR no ha logrado probar ante los jueces el delito de desaparición forzada por falta de elementos.

“Desde un principio supimos que era mentira”, dijo el campesino Nardo Flores, padre del estudiante desaparecido Bernardo Flores, sobre la versión oficial.

“Nunca nos presentó (Murillo) pruebas confiables, solamente una hipótesis basada en declaraciones de tres delincuentes”, agregó el hombre que hace poco tuvo que reconocer la mochila y la billetera de su hijo entre las ropas y objetos hallados.

SOSPECHAS SOBRE EL EJÉRCITO

Muchos peritajes empezaron a hacerse seis meses después de la desaparición, con la llegada de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que fue señalando hoyos en la investigación que la PGR intenta subsanar.

Los expertos de la CIDH presentarán el domingo un informe sobre el caso. Este grupo, que incluye a dos aguerridas ex fiscales como la guatemalteca Claudia Paz y Paz y la colombiana Angela Buitrago, realizó decenas de entrevistas a detenidos y testigos pero el Gobierno les negó acceso a 26 militares que tuvieron contacto con los estudiantes esa noche.

Pese a que 36 de ellos declararon como parte de la investigación de la fiscalía, los expertos buscaban ahondar en el papel del 27 batallón del Ejército, ubicado a pocas cuadras de donde habría desaparecido la mayoría de los estudiantes, y aclarar las amenazas que varios jóvenes dicen haber recibido de soldados en un hospital cuando buscaban ayuda para un herido.

Sobrevivientes del ataque dijeron a Reuters en Ayotzinapa que no creen que los policías municipales de Iguala y Cocula sean los únicos responsables de la desaparición y consideran que el Ejército debe ser investigado.

“Ellos han sido los especialistas de desaparecer gente en Guerrero”, dijo en agosto Francisco Sánchez, de 20 años, quien afirmó que fue testigo de amenazas e insultos de los militares en el hospital tras los primeros ataques de los policías.

El Ejército, que controla las actividades de inteligencia en la zona pero ha negado cualquier responsabilidad en la tragedia de Iguala, ha sido acusado de cientos de desapariciones en el violento estado Guerrero desde la década de 1960.

Declaraciones de ex funcionarios de seguridad pública de Cocula detenidos, contenidas en el expediente, revelaron que altos mandos del Ejército en la zona conocían desde el 2013 los vínculos entre autoridades locales y los líderes de Guerreros Unidos, pero no habían actuado al respecto a pesar de liderar en Guerrero el combate contra el crimen organizado.

“El Ejército mexicano daba cobertura a Guerreros Unidos en sus operaciones en Cocula y en Iguala. Para nosotros esto es sumamente fuerte, amerita abrir una línea ahí para investigar estos aspectos”, dijo Vidulfo Rosales, otro de los abogados de las familias.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no respondió a esta acusación ni a preguntas de Reuters acerca del rol del Ejército en el episodio.

Casi un año después de que estallara el caso que cimbró al país, en Ayotzinapa los estudiantes viven con miedo. Sobrevivientes dijeron que han recibido amenazas y uno de ellos hace poco fue secuestrado y golpeado por desconocidos.

“El miedo siempre va a estar, principalmente porque sabemos cómo trabaja la gente del Estado y del Gobierno, pero en este miedo también va otro sentimiento que es coraje (rabia)”, dijo Ernesto Guerrero, otro de los sobrevivientes de los ataques.

“Vamos a seguir actuando hasta que nos digan qué pasó con los compañeros”, agregó.- (Agencias)