MEXICO, D.F., 31 de enero.- Los productores del documental Presunto culpable, Layda Negrete y Roberto Hernández, han quedado absueltos de dos demandas civiles por daño moral interpuestas en su contra por familiares de un joven que fue asesinado y que aparecieron en la cinta.

"Ayer tuvimos conocimiento del texto y estamos en el estudio del mismo. Es probable que (...) la familia y el testigo planteen una apelación, y eventualmente un amparo", dijo el abogado de los productores, Javier Quijano, en declaraciones a la emisora MVS.

Layda Negrete.

La juez 18 de lo Civil de Distrito, Norma Alejandra Muñoz, exoneró a Layda Negrete y Roberto Hernández de los cargos que enfrentaban en dos juicios con "reclamaciones económicas por un global de tres mil millones de pesos".

Las querellas "pretendían una cosa absurda", dijo el abogado, quien consideró inapropiado que los demandantes hubieran pedido esa cantidad de antemano cuando ello era una facultad que correspondía a la juez del caso.

El letrado explicó que las causas las interpusieron los familiares de la víctima del homicidio que aparece en la película, Juan Carlos Reyes.

Víctor Reyes, primo de la víctima, ha sido "testigo fundamental" en el caso. Su declaración incriminó a Antonio Zúñiga, Toño, en el homicidio "y después se demostró, quedó claro, que había sido (...) falsa".

Toño fue condenado por el homicidio de Juan Carlos Reyes, pero después, en una revisión del caso, fue exculpado y liberado.

Todo el caso fue filmado por Negrete y Hernández, que obtuvieron un permiso para meter las cámaras a la cárcel, una práctica inusual en México.

Con el fallo emitido esta semana queda claro que el documental no vulneró la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida y el Honor del Distrito Federal, aseguró Quijano.

"Ya está un precedente de que no causa ninguna afectación a las personas. Se trata de un reportaje, una obra de periodismo de investigación, y está protegida por las disposiciones de la libertad de expresión en nuestro país", dijo el abogado.

"Esto confirma, para bien de los periodistas, la tranquilidad de poder transmitir las noticias que sean importantes o convenientes transmitir a juicio de los reporteros sin que por ello se vean atacados o en riesgo de ser demandados con reclamaciones económicas cuantiosas", indicó.

Los productores aún enfrentan otra demanda presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) por un policía que aparece en la cinta y que fue quien detuvo a Toño, y que, en caso de perderla, implicaría el pago de una multa de baja cuantía. (Agencias)