La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó este jueves pasado, por unanimidad de los diputados presentes en el pleno de sesiones, una importante reforma al adicionar un párrafo tercero al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: Artículo 17.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño.

Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. A simple lectura quizá muchos no perciban la importancia de incorporar en nuestro texto legal fundamental esas palabras, sobre todo la conexión de los vocablos "acciones colectivas", más incomprensible puede resultar cuando en la misma disposición no se encuentra definido el concepto que forman.

Pero resultan de la mayor trascendencia, porque constituyen el paso inicial de un parteaguas en el orden jurídico mexicano, el hito con el que se inaugura la entrada mexicana a los derechos humanos de tercera generación.

La defensa y promoción de los derechos humanos se convirtió en el eje esencial de la instauración de la democracia, como valor universal que a diario conquista y reclama nuevos espacios.

Es innegable que el orden jurídico internacional ha delineado las normas constitucionales y legales para asegurar el ejercicio individual de esos derechos, y para asegurar el sufragio individual como base de la democracia electoral. Fue la primera generación. Esa concepción individualista ha ido transitando hacia una dimensión más social de los derechos humanos y de la democracia misma. Nuestro país fue pionero en el reconocimiento de esta clase de derechos fundamentales (económicos, sociales y culturales) denominados de "segunda generación".

En el siglo XX, a partir de la Constitución de 1917, los derechos sociales se incorporaron de una manera destacada. Algunos de ellos, fueron contando en forma paulatina de mecanismos y procesos especiales para su salvaguarda y defensa, como fue el caso de las materias laboral y agraria.

Sin embargo la dinámica de cambio en la relación entre las personas y la naturaleza, el comercio, las comunicaciones, la educación y el medio ambiente, a partir de los cambios tecnológicos, científicos e industriales, ha generado nuevos retos a la protección de los derechos de las personas como consumidores o usuarios de los nuevos bienes y servicios que estos avances han desarrollado. Una nueva realidad que les afecta, no sólo en lo individual, o frente ha determinado interés de grupo social, sino de manera colectiva. Y ésos, son los derechos humanos de tercera generación, para lo que las acciones colectivas son su mejor instrumento de protección.

En México hemos llegado tarde a esta evolución de los derechos humanos. Se ha dejado de ver que, hechos que atropellan, vulneran o lastiman la vida de una persona, por la forma en que se producen, las consecuencias que dejan, en realidad se realizan en contra de un grupo o una comunidad. Y no hay mejor forma de enfrentar esa realidad que la organización social a partir de la participación política colectiva.

Desde hace poco más de cuatro décadas en una de las investigaciones pioneras sobre participación política, pero que sin duda fue excepcional e insólita en su momento: The civic culture: political attitudes and democracy in five nations, Gabriel Almond y Sindney Verba ya consideraban que la participación política colectiva era una actitud democrática superior a la participación individual.

En los puntajes que ellos asignaban, consideraron que cuando un ciudadano en la defensa de algún derecho o en la búsqueda por resolver un conflicto intentaba agruparse y actuar en conjunto, antes que de manera individual, era muestra de una cultura cívica más desarrollada.

En la cotidianidad, la garantía de las acciones colectivas podría permitir, por ejemplo, que un grupo de usuarios de un servicio el cual no fue cumplido satisfactoriamente por una empresa, pueda emprender un solo proceso para demandar su cumplimiento y que abarque a todos los que la hayan iniciado conjuntamente. Recientemente, el desarrollo industrial y la expansión de los asentamientos humanos, ha propiciado que en aras de este progreso, algunas zonas ecológicas sean afectadas, dañando al mismo tiempo a las comunidades originarias; una acción colectiva facilitaría a la comunidad su protección frente a este hecho o en determinada situación, facilitaría la solicitud de reparación del daño.

La legislación mexicana se fue quedando a la zaga en el reconocimiento de este derecho humano llamado de tercera generación; el cual ha funcionado sin cataclismos de ninguna índole en países como Estados Unido, España, Costa Rica, Chile, Venezuela y Uruguay, entre otros. Por fortuna, desde la legislatura anterior se introdujeron en las cámaras del Congreso diversas iniciativas que propusieron incorporar la figura de las acciones colectivas en la Constitución. El 19 de abril del 2007, se presentó la primera por la diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez del PAN, y luego propusieron iniciativas "espejo" en ambas cámaras del Congreso -esto quiere decir con el mismo contenido, y es absolutamente válido-, el 5 de febrero del 2008 el diputado Juan N. Guerra del PRD, y el 7 de febrero del 2008, el senador Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI.

Ésta última fue la que se convirtió en minuta del Senado en diciembre del año pasado y se turnó a la Cámara de Diputados. Ciertamente el tema ya había sido dictaminado primero en la Cámara de Diputados en la Legislatura anterior, aunque la manera que se resolvió en aquella ocasión se apartó del sentido y propósito con que se habían planteado esas iniciativas, empujadas hacia la panza del Congreso por diversas organizaciones sociales, en cuyo empeño se destacó la Asociación Civil "Al Consumidor". En aquel momento, prácticamente en el tramo final de dos años de discusión se decidió cercenar - bajo extraordinarias presiones de los bancos -, la parte medular que pretenden las acciones colectivas relacionadas con la defensa del consumidor, del medio ambiente y los servicios financieros: el acceso a la justicia colectiva, de manera pronta, imparcial y expedita. Por supuesto, en medio de tantos intereses estrictos o particulares que circundan a los legisladores, y en muchos casos que los tienen como sus operadores directos, definir la ley reglamentaria será el reto mayor y un acto de consecuencia con lo que en la tribuna expresaron los representantes de los partidos, al señalar el parteaguas que en el orden jurídico mexicano abre la nueva figura.

Ello supone definir las materias que cubrirán las acciones colectivas, decidir los mecanismos, plazos, consecuencias. ¿Se enfrentarán los legisladores, dígase diputados y senadores, al poder de los monopolios que expolian a los ciudadanos con tarifas y precios?. Esta es la gran incógnita, pues varios mandamientos constitucionales legislados hace décadas esperan aún el marco reglamentario que las haga derecho positivo y vigente, esto es, que realmente se puedan aplicar y que se cumplan.

Este proceso para definir la legislación secundaria debiera dar inicio cuanto antes en las cámaras del Congreso, pues el segundo artículo transitorio del decreto aprobatorio por la Cámara de Diputados señala que "El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este Decreto", esa vigencia empezará al día siguiente de su publicación.

Entre los principales temas de la legislación secundaria en materia de acciones colectivas están: quiénes serán los sujetos legitimados para promover una acción; de qué manera se adhieren los ciudadanos al proceso, cuáles son las materias de protección de los intereses colectivos, quiénes serán los sujetos que pueden ser demandados, cuáles son las pretensiones que pueden buscar los demandantes, los efectos de las sentencias, la competencia legislativa y la jurisdicción. Una vez que se aprobó en el Congreso federal, tomará ahora el camino de las legislaturas locales -como parte del órgano reformador de la Constitución-, y en esa ruta se abre la oportunidad para que en cada entidad federativa se discuta la reforma, la conozcan los destinatarios y participen de lo que debe ser un amplio debate social que contribuya a delinear la legislación secundaria.

Ese debate es necesario porque debe regresar pronto a las cámaras federales, donde se pondrá a prueba el discurso político pronunciado. POSDATA.- El jueves pasado, el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido, me designó su delegado en el estado de Oaxaca para el proceso electoral que el próximo 4 de julio, renovará la gubernatura, el Congreso del Estado y los ayuntamientos. Formada en esa entidad una coalición electoral entre el PAN, PRD, PT y Convergencia, nuestro jefe nacional César Nava me ha pedido cooperar con los órganos directivos del panismo oaxaqueño en aras de conquistar la victoria electoral, y ser un puente permanente entre los partidos coaligados. Me entusiasma colaborar con el pueblo de Oaxaca en una cruzada que se perfila combativa, compleja, llena de adversidades, pero que puede resultar esperanzadora en el futuro de México.

No puede pasarse de vista que habita allá, una de las peores expresiones del priismo que se resiste aún a reconocer y vivir con los mínimos parámetros democráticos y de respeto a los derechos humanos. Bajo la conciencia de que somos nación, me acerco a Oaxaca, pero no me alejo, ni declino mi deber político primario y mi obligación moral primera que es, Chihuahua. Aquí también pondré la parte que me corresponda como ciudadano en el proceso electoral - y tomaré el lugar que quieran conferirme como militante quienes actualmente controlan las decisiones en el PAN de Chihuahua—, para que también en nuestra tierra renazca la esperanza de la paz, y la promesa de la justicia. Cierto es, que entre el priismo de Oaxaca y el de Chihuahua, también hay marcadas diferencias.