MONTERREY, Nuevo León, 18 de diciembre.- Legisladores del PAN, así como activistas nuevoleoneses y medios locales, exigen al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto VI por considerarlo innecesario y ostentoso.

Llevan meses quejándose porque esa obra que, según los datos recabados, podría costar 57 mil millones de pesos, sólo beneficiará a empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, el favorito del Presidente Enrique Peña Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz.

El empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

El Gobierno del priísta Rodrigo Medina de la Cruz brinda protección al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien participará como inversionista en la construcción del acueducto Monterrey VI, un megaproyecto anunciado en el 2012 y que en la Entidad es considerado el robo del siglo.

Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, es propietario de la cuestionada Casa blanca de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que supuestamente adquirió la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y está pagando “a plazos”.

En este nuevo proyecto que traerá agua del río Pánuco, en San Luis Potosí, a Nuevo León –pasando por Veracruz y Tamaulipas–, el constructor también recibe protección desde Los Pinos.

Y aun cuando hace dos años se anunció que la obra costaría 14 mil millones de pesos –ahora se habla de 57 mil millones–, la administración de Medina ha ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de organismos civiles y diputados de oposición de que el proyecto se transparente.

Hasta ahora se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar a los constructores del proyecto que, según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría en el 2017.

El diputado local Juan Carlos Ruiz García, del PAN, considera sospechoso que después de la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro la administración nuevoleonesa haya anunciado un incremento desproporcionado en la inversión para Monterrey VI.

Según el legislador, pareciera que Peña Nieto quiere compensar a los hermanos Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor participación con el acueducto que, a decir de las autoridades, será el mayor de su tipo en América Latina.

A su vez, activistas locales impugnan el proyecto porque, afirman, carece de sustentabilidad y es innecesario. Sostienen que en Nuevo León hay suficiente agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un dispendio traerla de tan lejos.

El proyecto Monterrey VI data del sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, fue Peña Nieto quien, durante su campaña del 2012, ofreció a Nuevo León que el Gobierno Federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra.

Ya como Presidente electo, el mexiquense se hizo el desentendido y en visitas a la Entidad se refirió al gran proyecto, pero no habló del financiamiento.

Por su parte, Medina y sus colaboradores, incluido Emilio Rangel Woodyard, director del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa estatal que regula el suministro del recurso en todo Nuevo León–, escamotean la información clave del proyecto que incluye el tendido de 380 kilómetros de tubería del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.

Y cuando los reporteros le preguntan sobre el tema, el Mandatario suele responderles: “No hay que confundirnos…”.

Apenas el 1 de septiembre, una semana antes de la licitación, Medina dijo que el proyecto no costaría 14 mil millones de pesos, como se dijo al principio, sino 40 mil millones. Pero se quedó corto, porque ahora se sabe que se requieren 47 mil millones, con posibilidades de subir a 57 mil millones.

Ante la presión de los medios de comunicación y de activistas, quienes preguntan sobre la participación en la obra de las constructoras, el consorcio ganador –integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollos Rogar y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo–, el SADM tuvo que “transparentar” la información sobre la obra en su sitio web, aunque no aportó ningún dato nuevo.

No se dan detalles, por ejemplo, de las actas constitutivas de cada empresa. Sólo se sabe que Concretos y Obra Civil del Pacífico es parte del Grupo Higa, de la familia Hinojosa, pero no hay documento que diga quién la integra.

La asociación pública-privada (APP), encaminada a aplicar el financiamiento conjunto entre el Estado y los empresarios, quedó establecida el 8 de septiembre último. La sociedad ganadora superó a 28 competidores.

Cuestionado sobre la falta de datos, Rangel dijo que no podía publicar toda la información debido a que el proceso jurídico de la licitación no ha concluido, por lo que será hasta 2015 cuando se abra el expediente. Revelar información, comentó, afectaría “severamente el interés público”.

El robo del siglo

En el Senado de la República, los panistas promovieron una propuesta para demandarle a la administración nuevoleonesa el expediente completo y detallado sobre esta megaobra hidráulica, la más costosa en la historia de la entidad.

Uno de ellos, Raúl Gracia Guzmán, denunció que en marzo su fracción propuso solicitar a Rodrigo Medina y a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) un reporte de los costos y los puntos sobresalientes del proyecto. Finalmente, el 27 de noviembre, a instancias de Gracia, el Senado hizo la petición formal a Medina y al director de la CONAGUA, David Korenfeld.

El diputado Ruiz García considera un sinsentido que el Gobierno de Nuevo León insista en ocultar información en torno al Monterrey VI cuando de manera reiterada Medina asegura que la información relacionada con la obra está disponible al público.

Tampoco hay razón, comenta, para que el SADM oculte que el techo financiero de la obra es de casi 57 mil millones de pesos, que estarían disponibles mediante la APP creada para el financiamiento o mediante una asignación.

Ruiz García cuestiona el hecho de que, después de que la familia Hinojosa se perdiera el gran negocio del tren en el centro del país, en Nuevo León se conociera que había un incremento en el presupuesto para al plan del acueducto, en el que también participará el mismo clan.

“Vemos la cancelación del proyecto de 51 mil millones del tren ligero, y también vemos que Monterrey VI es de casi 57 mil. Nos viene una serie de ideas sobre este proyecto. Parece que con la necedad de mantener el acueducto quieren pagarle el favor que le hicieron a la pareja presidencial con la Casa blanca, a través del empresario Hinojosa”, acusa.

Recuerda que el Presidente Felipe Calderón propuso la aportación federal de 7 mil millones de pesos para infraestructura de la obra hidráulica. Pero cuando Peña Nieto anunció que en su sexenio serán ejecutados los trabajos, se comprometió únicamente con 3 mil millones.

Cuando el Senado decidió presionar al Gobierno Medina para que se abriera la información del entubado de las aguas del Pánuco, el SADM simuló que transparentaba el proceso de licitación y sus características, denuncia el diputado panista.

Que se cancele la obra

Pese a la información sesgada, ahora se sabe que se invertirán 38 mil millones de pesos sólo para el mantenimiento del proyecto. Gracias a esa información, sostiene Ruiz García, “sabemos que el proyecto no costará 14 mil ni 17 mil millones, sino 57 mil millones”.

Plantea que, así como el Presidente Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren que uniría a la Ciudad de México con Querétaro a raíz del escándalo de la Casa blanca de Lomas de Chapultepec, en el que está implicado Hinojosa Cantú, por qué no hace lo mismo el Gobernador Medina con Monterrey VI.

Además, afirma Ruiz García, las arcas estatales no soportarán una carga financiera de las dimensiones de una obra mayúscula, cuando está comprobado en números que la deuda estatal alcanzó niveles insoportables con Medina.

Dice también que existe el temor de que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sea para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que, se sabe, requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas.

El método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de esta técnica en municipios como Los Ramones, dice, ha provocado movimientos sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de la entidad, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia del punto de perforación.

A los cuestionamientos por la opacidad se suman los de la carencia de sustentabilidad del proyecto.

El jueves 4, en conferencia de prensa, organismos civiles nuevoleoneses demandaron al Gobernador Medina suspender el proyecto y despedir el director del SADM, Emilio Rangel Woodyard, por traicionar la confianza ciudadana y escamotear información.

Descalificaron los estudios técnicos presentados para el proyecto, pues, dijeron, fueron utilizados los que se hicieron en el proyecto inicial, que buscaba extraer agua de la bocatoma del río Tampaón, 12 kilómetros abajo del tramo del Pánuco, donde ahora, en una reconfiguración de los planos, se proyecta el punto de succión.

Sandra Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), recordó que en el cabildeo inicial para posicionar el proyecto entre la población, Rangel Woodyard descalificó las voces disonantes, acusándolas de abanderar causas políticas, y propuso, para enfrentarlas, la creación de una comisión de transparencia y seguimiento.

Sin embargo, según la activista, nunca fueron revelados detalles de ese grupo de trabajo. No se conoce a sus integrantes, ni cuándo sesionan ni las minutas de sus reuniones.

Y aunque el director del SADM sostiene que el ciudadano no pagará la obra con un incremento indexado al recibo de consumo de agua, Malaquías Aguirre, integrante de Vertebra, lo contradijo. Le comentó que la APP es una figura creada para financiar proyectos de infraestructura rentables, no sociales, como es el caso del proyecto Monterrey VI.

Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, demandó que la obra sea suspendida y se abra un proceso de discusión pública. Dijo que la ciudadanía debe conocer los detalles del proyecto, que prácticamente nadie conoce, e insistió en que Rangel Woodyard debe dejar su puesto por mentir al pueblo de Nuevo León.

El pasado 15 de septiembre, organismos civiles de la Entidad presentaron en la Procuraduría General de la República una denuncia contra el SAMD y la CONAGUA por el desastre ecológico que generará el hidroproyecto.

Denunciaron que no ha sido revelada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la certeza de que el proyecto fuera licitado legalmente. Además, en todos los informes se ha omitido mencionar el costo de los 80 kilómetros extras de tubería necesarios para canalizar el líquido desde Cerro Prieto hasta la metrópoli nuevoleonesa.

En la presentación del estudio del doctor Jaime Leal Díaz Confuso Proyecto Monterrey VI, fechado el 15 de octubre del 2012, los demandantes expusieron que, de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el Pánuco hasta Monterrey.

Además, subraya el análisis, se desconoce de dónde saldrá el dinero para la inversión, por lo que asume que el crédito terminarán pagándolo los usuarios. (Reportaje especial/APRO)