En el proyecto de presupuesto de Quintana Roo para 2017 se esti- pula que un porcentaje de lo que se recaude por concepto de impuesto al hospedaje se destinará a la realización de obras de infraestructura. Ello ha provocado la reacción de un sector de los empresarios hoteleros, quienes se oponen a ello y exigen que la totalidad del impuesto se destine a la promoción turística. Es decir, a publicidad para incrementar sus negocios. Los turistas no sólo utilizan la infraestructura y servicios de los hoteles, sino de la ciudad en su conjunto. Utilizan también playas que fueron restauradas con el dinero de nuestros impuestos. Por ello se justifica y hace necesario destinar parte del dinero recaudado por impuestos al hospedaje a la ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura y los servicios urbanos. Por principio de cuentas, hay que recordar que destinar parte de lo obtenido con dicho impuesto a obras de infraestructura, no es nada nuevo ni representa un cambio a sus propósitos originales. Así estaba establecido desde un principio, de modo que ahora lo único que se hará será cumplir con la ley. Por otro lado, hay que recordar también que durante el período de Roberto Borge al frente de la gubernatura de Quintana Roo, el dinero recaudado por concepto de impuesto al hospedaje simplemente se es- 2 fumó. La OVC, la Oficina de Visitantes y Convenciones, que debía admi- nistrarlo, no lo recibió, y se ignora cuál fue su destino. Pero en ese en- tonces los hoteleros no dijeron esta boca es mía, o —si acaso— se limitaron a tibias expresiones de inconformidad. Únicamente la la Aso- ciación Nacional de Cadenas de Hoteles pidió cuentas sobre el destino de lo recaudado, sin que se le diera una respuesta clara. Fue sólo en las postrimerías del sexenio de Borge —cuando ya se sabía de la derrota de su delfín Mauricio Góngora— y después de la to- ma de posesión del nuevo gobernador, Carlos Joaquín, cuando comen- zaron a escucharse voces de protesta y denuncia de los hoteleros locales por la forma en que se habían estado manejando los recursos económi- cos provenientes del impuesto de marras. A principios de octubre, por ejemplo, Carlos Gosselin Maurel, diri- gente de la Asociación de Hoteles de Cancún, declaró que tan sólo en Cancún se habían recaudado 700 millones de pesos por ese gravamen, pero únicamente 170 millones habían sido oficialmente presupuestados para la OVC. De los otros 530 millones no se tenía la menor idea de a dónde habían ido a parar. De hecho, como señaló en esa misma ocasión Gosselin, apenas el 15% del producto del impuesto al hospedaje se destinó —teóricamente, hay que subrayarlo— a campañas de promoción turística. Y — repetimos— todo ello se hizo a ciencia y paciencia de los empresarios hoteleros, que nunca exigieron cuentas ni que ese dinero se aplicara to- talmente a promoción como ahora piden. Por lo demás, lo que los expertos denominan externalización del turismo no sólo justifica sino que vuelve obligatorio destinar un buen porcentaje de lo recaudado por dicho impuesto a obras de infraestructu- ra. Ese concepto, externalización, se refiere al hecho de que los turistas no solamente utilizan la infraestructura y los servicios de los hoteles, sino también los de la ciudad en su conjunto, al circular por calles y avenidas donde hay alumbrado público, vigilancia policíaca, servicio de limpieza, parques y jardines, y en general una serie de elementos y actividades que corren por cuenta del gobierno, no de los hoteles. Lo me- nos que puede esperarse, entonces, es que parte del producto de la actividad turística —en este caso el impuesto al hospedaje— se destine a mantener y ampliar la infraestructura y los servicios urbanos. Más bien lo que deben pedir los hoteleros —y la ciudadanía en general— es que en lo sucesivo haya transparencia en la aplicación de esos recursos. Comentarios: kixpachoch@yahoo.com.mx