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MONTERREY, Nuevo León, 25 de agosto.— A dos años del ataque al casino Royale, en el que murieron 52 personas por causa del incendio, la mayor parte de los 26 delincuentes que de forma intelectual y material participaron, han sido consignados penalmente o han muerto, pero siguen deudas por saldar.
Hasta el momento, ningún funcionario público ha recibido sanción penal o administrativa tras el crimen colectivo a manos de la delincuencia organizada, que ocurrió el 25 de agosto del 2011, a las 3:58 de la tarde, al permitir o tolerar el funcionamiento de un negocio de apuestas que no cumplía con la ley.
En el 2013, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación en conjunto para el Gobierno de Nuevo León, que fue extensiva a la Alcaldía. Todo ha quedado en letra muerta y ningún funcionario ha sido sancionado.
Como si fuera ayer, Samara Pérez Muñiz recuerda el 25 de agosto del 2011, cuando el fuego convirtió en un horno sin salida al casino.
“La verdad es muy doloroso para las familias este 25 de agosto, este segundo aniversario. No hay palabras para explicarles lo que un familiar siente, no hay precio en la vida de un ser humano”, señaló esta mujer que perdió a su hijo Javier Muraira Pérez, de 18 años.
Incluso, que se citen cifras de indemnización, “lejos de causar una tranquilidad genera una molestia, es una forma de decir: ‘Vamos a arreglar el problema, vamos a tirar el polvito debajo de la alfombra, y no es así”.
Existen casos como el del menor de edad en situación especial, Alejandro Martínez, cuyo padre murió ese día en el casino Royale.
Margarita Zavala de Calderón, esposa del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, prometió, sin cumplir, integrar un fideicomiso de por vida para apoyarlo.
La empresa Entertainment Enterprises of México, SA de CV, operadora del casino Royale y propiedad de los hermanos Raúl y Jorge Rocha Cantú, ha ofrecido una indemnización de responsabilidad civil por cinco millones de pesos, es decir, menos de 100 mil pesos por cada una de las 52 personas fallecidas.
En contraste, la empresa tenía contratada una póliza de seguro de cobertura total superior a los 100 millones de pesos para resarcir los daños del inmueble y “lo que pedimos es que se actúe conforme a Derecho”.
“La calidad humana de estas personas denota que no tienen más que sentido para ver lo económico y salvar en apariencia su responsabilidad”, consideró la representante de los deudos del casino.
“La verdad, no nos corre prisa, nuestros seres queridos no tienen precio y son términos legales: el 25 de agosto no se apaga”, externó Samara Pérez Muñiz.
Sobre el proyectado memorial, aunque autoridades de la presidencia municipal de Monterrey y del gobierno estatal de Nuevo León han aceptado realizarlo, el lugar y su diseño todavía es motivo de desacuerdo entre las autoridades y los familiares de las víctimas del siniestro. (El Universal)