México (7 de febrero).- “Se lo llevaron esposado de pies y manos. Así permaneció detenido y así fue trasladado a México… como si se tratara de un terrorista, un criminal”.

Con esas palabras, María Pérez, ciudadana estadounidense, describe la manera como fue deportado su esposo. Su caso es uno de los tantos que empiezan a salir a la superficie en Estados Unidos, en medio de una feroz campaña de redadas y detenciones —dos millones en lo que va del gobierno de Barack Obama— a la que María exige poner ya un fin.

Entre lágrimas, María cuenta a EL UNIVERSAL que cuando soltaron a su esposo, Brígido Acosta Luis, en el puente fronterizo con México, “sus muñecas estaban llenas de arañazos y magulladuras. Para beber, para comer, para ir al baño tenía que ir esposado. Le dieron el peor de los tratos. Como si se tratara de un terrorista, de un criminal”.

“Mis hijos preguntan todos los días por su padre. Nos pasamos solos el Día de Acción de Gracias y las Navidades. No entiendo cómo el gobierno se ensaña con personas como mi esposo que no entra dentro de la categoría de detenciones prioritarias para expulsarlo del país”, se pregunta María.

Desde que Brígido fue deportado, en 2013, la familia de María Pérez ha vivido un vía crucis. El pecado de su esposo fue cometer un pequeño robo en una tienda en 2001 y no asistir, posteriormente, a un citatorio para responder ante el juez por esa falta menor. El asunto se convirtió en una bola de nieve que terminó con su expulsión del país.

En noviembre pasado, acompañada por activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes, María formó una cadena humana para evitar la deportación de su esposo. Pero el esfuerzo fue en vano.

La posibilidad de una reforma migratoria que avanza entre las esperanzas de millones de indocumentados, las dudas de demócratas y republicanos y el acecho de un puñado de extremistas que se han propuesto dinamitar el proceso, ha sacado a flote los casos de miles de familias víctimas de la campaña de redadas y deportaciones.

Como Pedro Hernández, un inmigrante del estado mexicano de Guerrero que ha vivido gran parte de su vida a salto de mata. Después de vivir durante más de 15 años como indocumentado, Pedro fue detenido y deportado a México en 2013. Pero el amor por su esposa y sus cuatro hijos, todos ellos ciudadanos de EU, pudieron más que campaña para separarlo de sus seres queridos:

“No podía dejar sola a mi esposa. Ella no puede sola con los problemas de mis hijos. Así es que volví a reingresar a EU”, dice a este diario.

Junto a él está su hijo Juan, de 24 años. Desde recién nacido, Juan sufre una parálisis cerebral que lo ha condenado a una silla de ruedas. Aunque Juan no es hijo de Pedro, éste lo adoptó y lo cuida como el mejor de los padres. Juan depende de su padre adoptivo que lo baña, lo traslada, lo alimenta.

“Mi mujer (Seleste Wisniewski, ciudadana de Estados Unidos) no puede sola. Ella tiene una lesión en la cadera y si yo no estuviera con ella, sería imposible que se hiciera cargo de todos los niños que tienen problemas de salud”, asegura Pedro quien ha conseguido frenar momentáneamente un nuevo proceso de deportación con la intervención de su abogado.

“La posibilidad de que me regresen a México, donde se vive en medio de un ambiente constante de violencia (Pedro es originario de Acapulco), me quita el sueño. Por fortuna ya tengo un permiso y espero que se acabe esta pesadilla”, señala.

Según cálculos de distintas organizaciones, en EU hay unos 4.5 millones de niños que tienen un padre o una madre indocumentada. De este gran total, tan sólo en 2012, casi 153 mil niños con ciudadanía estadounidense sufrieron la separación de su padre o madre mediante un proceso de extradición.

Ello ha derivado en consecuencias que van desde el abandono temprano de las escuelas y el desplome del ingreso familiar que condena a cientos de miles a sumarse a los ejércitos de la pobreza (más de 50 millones actualmente) hasta múltiples casos de violencia que terminan en la cárcel.- (RedPolítica)