México (8 de febrero).- Las presidencias de las comisiones de Asuntos Indígenas y de Derechos de la Niñez en la Cámara de Diputados pidieron hacer un diagnóstico sobre el número de menores de edad que participan en los grupos de autodefensa y garantizar el cumplimiento de sus derechos.

En ese sentido, Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas llamó para que se aplique la ley y no haya concesión alguna para los grupos de autodefensa en los que participen menores de edad.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que las llamadas policías comunitarias son parte de los usos y costumbres de varias comunidades en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, pero debido a la inseguridad han tomado otro rumbo.

“Las policías comunitarias comunes, como las de Oaxaca, no ocupan niños, sino a jóvenes mayores de 18 años, quienes lo hacen como forma de cumplir un servicio a la propia comunidad y para escalar cargos dentro”.

Pero “el tema de los grupos de autodefensa se ha distorsionado, es una irresponsabilidad utilizar a niños de hasta 11 o 12 años; se tiene que aplicar la ley ¿por qué? porque ahí ya casi se está tocando un tema de trata de menores”, advirtió la legisladora por Oaxaca.

A su vez la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Beatriz Juárez Piña, expresó que los niños y las niñas no deben estar ni de lado del crimen organizado, ni en las autodefensas, sino en la escuela.

“Me parece que lo que está ocurriendo en Michoacán, y no sólo ahí, violenta los derechos de las niñas y los niños, porque el ambiente que se les está presentando no les da seguridad, les cancela cualquier posibilidad de transitar libremente por las calles, el derecho a divertirse y a la seguridad que deben tener como cualquier ciudadano y ciudadana”, dijo.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), enfatizó que este problema es responsabilidad directa del Estado al no garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, particularmente a niños y niñas que viven día a día la violencia generalizada.

Consideró que se necesita de una ley general que incluya un sistema integral de derechos para las niñas, niños y adolecentes, en la cual estén integradas todas las dependencias de gobierno de manera horizontal y vertical.

“Hoy tenemos esfuerzos aislados, es decir, cada dependencia, secretaría e institución hace lo propio de manera aislada y lo que requerimos es un sistema para que todas las autoridades y dependencias puedan discutir cuáles son las políticas públicas que se deben promover, para así garantizar los derechos de las niñas y los niños”.

Por más desesperación que haya en la sociedad, dijo, “no hay argumento alguno, ni siquiera el de que sea por voluntad propia, para que los menores estén en las autodefensas”.- (Agencias)