México (19 de marzo).- El expediente judicial del secuestro y asesinato del periodista veracruzano Gregorio Jiménez contiene “graves inconsistencias”, alertaron organizaciones de derechos humanos tras indagar el caso.

En el Museo Memoria y Tolerancia, fueron presentados los resultados de la “Misión de Observación” de periodistas y organizaciones a Veracruz, del 15 al 17 de febrero de 2014, por el homicidio del reportero, quien cubría la nota roja para los diarios locales Notisur y Liberal del Sur.

La misión, integrada por miembros de Reporteros sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Casa de los Derechos de Periodistas y la Red de Periodistas de a Pie, tuvo acceso al expediente judicial; recabó cerca de 60 testimonios de familiares, amigos, colegas y jefes de Jiménez, y concluyó que hay pruebas contundentes de que fue ejecutado por su labor informativa.

Elia Baltazar, de la Red de Periodistas de a pie, enfatizó que el caso de Gregorio Jiménez evidencia las adversas circunstancias que vive todos los días este gremio en el país, pues pone de manifiesto la impunidad y las omisiones del Estado ante los crímenes contra la libertad de expresión, así como la falta de responsabilidad de los medios para garantizar seguridad a sus trabajadores en contextos de violencia, como en Veracruz, estado donde han sido ultimados 10 comunicadores en los últimos tres años.

Refirió que las autoridades, quienes en sólo seis días atribuyeron el crimen a una venganza personal, no tomaron en cuenta en sus indagatorias el trabajo periodístico de Jiménez, quien reportaba temas como secuestros y agresiones a migrantes, que podrían implicar un riesgo a la seguridad de este reportero.

La investigación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) reveló que el fotógrafo veracruzano realizaba su labor en Coatzacoalcos, Veracruz, como freelance, es decir, no estaba contratado para los medios donde colaboraba. A pesar del evidente riesgo de trabajo, el comunicador tan sólo ganaba 20 pesos por cada nota publicada en Notisur y 50 en el Liberal del Sur.

Baltazar comentó que las omisiones e inconsistencias en torno a este caso ocurrieron desde el primer momento, pues tras el plagio del reportero en su propia casa, las autoridades llegaron al lugar de los hechos 40 minutos después, cuando hay un retén policíaco a 800 metros del domicilio, de manera que los efectivos policiales podrían haber llegado al sitio en tan sólo cinco minutos.

Según los autores del informe, hay otras dos líneas de investigación que soslayó la Procuraduría local para el esclarecimiento del caso y que vincularían este homicidio tanto a la labor periodística del occiso como a la operación de una célula criminal de Los Zetas y la connivencia de servidores públicos locales.

De acuerdo con la Misión de Observación, el expediente no documenta el despliegue policíaco para hallar el cadáver del reportero en una fosa clandestina; algunos detenidos aseguran haber sido torturados para autoinculparse, y faltan pruebas, órdenes de cateo y dictámenes periciales de las seis personas acusadas, por lo que podrían quedar libres, como ocurrió con el caso de la corresponsal de la revista Proceso en Veracruz, Regina Martínez, ultimada en 2012.

Llamaron a las autoridades veracruzanas a reconocer que homicidio está ligado a la labor periodística del occiso, así como garantizar la seguridad de sus familiares, quienes además fueron testigos del secuestro; instaron a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a atraer la investigación, concluirla y consignarla ante un juez federal, y exhortaron a los medios de comunicación donde colaboraba Jiménez a crear un fondo para los deudos de la víctima y modificar su política laboral para garantizar los derechos humanos de sus trabajadores.- (terra)