Mérida, Yucatán, 19 de marzo de 2014.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregará el Premio “Equidad y Justicia” a Samanta Collí Sulú, integrante de la Oficina del Abogado General de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) por su trabajo realizado sobre la discriminación que sufren las mujeres con discapacidad intelectual.

Collí Sulú, egresada de la UADY y con posgrado por la Universidad de Washington, se desempeña como Secretaria Ejecutiva del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la UADY, creado el 24 de febrero en el marco de la visita de Eduardo Ferrer MacGregor, juez de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Acompañada de Renán Solís Sánchez, abogado general de la UADY, la defensora de las féminas informó que recibirá su reconocimiento el 3 de abril en la Ciudad de México, en una ceremonia que será presidida por la ministra Olga Sánchez Cordero, titular de la Unidad de Equidad de Género de la SCJN.

“Esta convocatoria, impulsada por el más alto tribunal del país, se realiza con la finalidad de fomentar la cultura de la equidad e igualdad de género y para abrir nuevos campos de investigación”, expresó Samanta Collí quien abundó que su trabajo compitió con otros 90 ensayos realizados por profesionales y especialistas del país y del extranjero.

Además de la categoría de Equidad y Justicia, la convocatoria de la SCJN incluyó el Documental y la Crónica Escrita. La abogada explicó que recibirá el primer lugar por el ensayo que realizó, el cual está enfocado al acceso de la justicia para las mujeres con discapacidad.

En su ensayo, Samanta Collí planteó la doble discriminación que sufren las mujeres con discapacidad intelectual. “Describí a este grupo de la población (mujeres con discapacidad intelectual) caracterizado por su alta vulnerabilidad debido a las múltiples situaciones de violencia que puede experimentar; posteriormente abordé cómo los juicios de interdicción, que consisten en la imposición de tutores que deciden a nombre de las mujeres, impiden el acceso a las instancias correspondientes para reclamar justicia”.

“Esto es importante porque en los últimos años se ha enfatizado la eliminación de la violencia contra la mujer y hemos visto avances importantes pero aún nos queda un gran camino por recorrer, especialmenteen cuanto a los grupos de mujeres con discapacidad, indígenas, niñas y de la tercera edad, se refiere”, detalló.

“En estos aspectos se sobreponen cuestiones de vulnerabilidad que infelizmente forman un campo fértil para que se cometan violaciones a sus derechos humanos, hasta el momento, en el país no hay estadísticas sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad intelectual, sólo hay tres o cuatro estudios de la ONU y uno del Parlamento Europeo, de ahí un vacío respecto al tema lo cual propicia la invisibilidad del fenómeno, es decir, nadie denuncia y además hay impunidad imperante”.

Como parte de su ensayo la profesional de la UADY propuso analizar la figura jurídica que impide a las mujeres con discapacidad intelectual acceder a la justicia y esclarecer los hechos. “La figura de interdicción, limita el acceso a las instancias para ejercer los derechos y en este sentido propongo pasar a una figura de apoyo para la toma de decisiones por medio de la cual priorizaría la voluntad y las decisiones de las personas”.

Asimismo planteó la reestructuración y evaluación de las leyes y políticas públicas para adecuar los órganos de impartición de justicia haciéndolos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad.

Para Renán Solís, abogado general de la UADY, este reconocimiento es un orgullo para la casa de estudios y sobre todo una muestra del talento, capacidad y compromiso de Samanta Collí Sulú.

En otro orden, Jorge Ulises Carmona Tinoco, defensor de los Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue el primer participante del cuarto y último ciclo de conferencias sobre “El Nuevo Esquema del Derecho Constitucional: Jorge Carpizo MacGregor”.

“Con estas reformas los derechos humanos se colocan en un primer plano y esto con toda seguridad tendrá un impacto positivo para la sociedad”. Además consideró que “para evaluar la aplicación de las reformas constitucionales de 2011 las etapas informativa –en vigor- y formativa son fundamentales”.

En el caso de las comunidades rurales más apartadas y con altos índices de marginación y pobreza el abogado de la UNAM dijo que “esperamos que las autoridades cumplan el mandato constitucional y entiendan que las reformas requieren de eficacia, en materia de derechos humanos, no valen pretextos y condiciones, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial tienen deberes específicos para que los cambios sean realidad hasta en el rincón más apartado de México”.