MEXICO, D.F., 20 de marzo.- Diputados federales del PRI, PAN, PVEM y Panal integrantes de la Comisión del Distrito Federal se pronunciaron por que las tres empresas constructoras de la Línea 12 del Metro –en acatamiento estricto del contrato correspondiente- sean las que asuman el costo de las reparaciones que ascenderán a 200 millones de pesos, y no los capitalinos.

“Existe una fianza que nosotros solicitaríamos se ejecute, antes de que al contribuyente se le cobren estas cantidades’’, afirmó en conferencia de prensa, acompañado de sus pares, el panista Jorge Sotomayor.

Y detalló que de acuerdo con los términos del contrato de construcción de la Línea 12, la obra debió costar 17,583.5 millones de pesos y no 24,000 millones de pesos, como sucedió.

“Explícitamente el contrato establece que habrá una pena moratoria por cada día de retraso, consistente en 0.2% del valor de la obra. Esto significa que la obra debió haber costado menos de 17,000 millones de pesos, si hacemos la reducción durante aproximadamente 10 meses (tiempo del retraso en la entrega de la obra), y a cambio lo que obtenemos es un costo de 24,000 millones de pesos".

Por su parte, Antonio Cuéllar Steffan (PVEM) dijo que la preocupación radica en que el problema en la llamada Línea Dorada del Metro capitalino trastorna la vida a medio millón de personas a diario. Y ahora se quieren autorizar fondos extraordinarios para hacer frente a los trabajos de reparación de lo que se tuvo que haber hecho bien desde la primera vez.

“¿Por qué nos preocupa? Porque tratándose del ejercicio de los derechos que derivan del contrato o de la ley, no podemos nosotros estar a expensas de que pueda haber equivocaciones por parte de los abogados al momento de hacer valer, precisamente, todos los beneficios y las prerrogativas que la ley y los mismos contratos le conceden al Gobierno del Distrito Federal’’.

Y anunció que la comisión ordinaria de trabajo prepara un exhorto formal a todos los abogados de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal y del departamento Jurídico del Metro, para que se asuman y agoten las acciones y las instancias correspondientes, a fin de hacer efectivos todos los derechos del gobierno capitalino previstos en el contrato. No sólo con relación a la terminación efectiva de la obra y a su funcionamiento, sino también con relación a las obligaciones garantizadas.

Se anunció que la Cámara baja conformará en los próximos días una comisión especial de investigación sobre el caso. (El Economista)