MEXICO, D.F., 21 de marzo.- En los últimos meses se han registrado casi de una decena de casos por discriminación y violencia contra la comunidad indígena en el país. Niños, jóvenes, mujeres, todos han sido víctimas de agresiones por su condición racial.

En el marco del Día Internacional contra la Discriminación Racial, el académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana (UIA), Juan Pablo Vázquez, afirmó que “México es una pigmentocracia, en el que las jerarquías sociales están definidas por el tono de piel”.

El experto alertó que la discriminación racial está ligada por completo a los prejuicios que sufren las personas por su tono de piel, y ambas condiciones generan escenarios de desigualdad social y de violencia.

A pesar de que 80 por ciento de los mexicanos tiene rasgos de alguna etnia y cifras del Censo de Población y Vivienda 2010 dicen que el padrón de hablantes y autoadscritos alcanza un registro de 16 millones 102 mil 646 personas consideradas indígenas, este grupo racial no está en exento de sufrir algún tipo de agresión.

Hasta el 2011, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) contabilizaba alrededor de 15.7 millones de personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de México, que estaban sometidos a discriminación.

Tan sólo la Cámara de Diputados, la casa de representación popular más importante del país, tiene apenas 3.5 por ciento de representación indígena: de los 500 legisladores, sólo 17 vienen de esa pauta racial.

De acuerdo con organismos defensores de derechos humanos, activistas y especialistas, México tiene una deuda con los indígenas, por lo que ha urgido a las autoridades a atender esta problemática.

Indígenas, reto de México

El especialista de la Ibero, Juan Pablo Vázquez, argumentó que la discriminación con base en la etnia y el color de piel, deriva en situaciones de desigualdad y pobreza, en un “círculo vicioso” muy difícil de superar.

“Yo creo que México es un país altamente desigual y discriminativo, y que la discriminación es otra cara de la desigualdad. Es la vía ideológica por la cual se justifican las diferencias entre las personas, en una especie como de círculo vicioso, en donde una persona es mal vista, y por lo tanto, es objeto de cierto tipo de trato. Eso implica desigualdad en las posibilidades de acceso a muchas cosas, y al final eso acaba reproduciendo un círculo de desigualdad social y económica”, comentó.

Por su parte, la doctora Helena Varela Guinot, directora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, consideró que aunque en las leyes no existen impedimentos para que un indígena pueda llegar a la Presidencia de México, a una Secretaría de Estado u otro espacio de poder, las posibilidades de que un miembro de dicha población pueda ocupar el cargo son prácticamente nulas, debido en parte a la visión proteccionista que ha mantenido al indígena como una figura subordinada e incomprendida.

“El problema no es que los procesos sean discriminatorios, sino que la discriminación tiene lugar desde antes. Si no hay acceso a la educación y a otros bienes básicos, no la hay para los espacios de poder”, indicó la especialista, quien opinó que México no cuenta con las condiciones sociales y políticas para tener un Presidente de origen indígena.

“No es un problema de preparación, sino de la construcción de un tejido social que tiene mucho tiempo roto, desde el momento en que se constituyó desde una visión etnocéntrica que asumió que el indígena debía ser integrado, incorporado, siempre con una perspectiva proteccionista, viéndolo casi como un menor de edad que necesitaba ser protegido”, agregó.

Los indígenas, añadió, no han accedido a los sistemas de salud, educación y vivienda, así como no han visto resueltos sus problemas de alimentación, lo cual los mantiene como el sector más desfavorecido de la población mexicana, de forma que es irrelevante plantearse si estos podrían acceder a espacios de poder.

El mes pasado, Amnistía Internacional (AI) envió un memorándum al Presidente Enrique Peña Nieto con algunas recomendaciones sobre la situación de las comunidades indígenas.

El organismo recordó, por ejemplo, que a 20 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, muchas comunidades indígenas en el país siguen sufriendo discriminación, además de acceso limitado a la justicia, a la salud, a la educación, a la vivienda y a la tierra.

“Hasta ahora las medidas que ha tomado el gobierno no han sido las adecuadas para enfrentar los obstáculos estructurales más grandes que les impiden disfrutar de estos derechos. El aumento de los proyectos extractivos y de desarrollo económico que impactan directamente las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas representa un gran desafío para el gobierno”, dice el documento.

Niños, víctimas

En febrero pasado, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) emitió una opinión jurídica al colegio La Salle de Seglares por el caso de un menor indígena que sufrió hostigamiento y regaños injustificados por ser hijo de una mujer mazateca de Oaxaca.

El niño cursa el tercer grado de pre primaria y según la exposición del caso “sus maestras, de nombre Gisela Marín Cruz y Alicia Beatriz Pliego de Anda, regañan de manera injustificada y hostigan al menor diciéndole que él no pertenece a esa escuela, añaden que las maestras lo sacan del salón argumentando que su madre no habla ni español ni inglés y por tanto no puede coadyuvar a su desarrollo”.

Semanas después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación en la escuela primaria Ángel Albino Corzo, ubicada en el municipio indígena Cho´l, de Tila, Chiapas, por los presuntos abusos cometidos por la directora del plantel contra los alumnos.

De acuerdo con información recopilada por el organismo nacional, Amada Gutiérrez Soriano, encargada de la primaria, maltrata a los alumnos y los discrimina llamándolos “indios” además de que los obligaba a comer en el piso.

El año pasado, el caso de Feliciano Díaz Díaz, el niño tzotzil de 10 años que conmovió a México tras difundirse un video donde un inspector municipal de Villahermosa lo obligó a tirar los dulces que vendía en las calles del centro de esa ciudad.

La historia de Feliciano se dio a conocer a través de redes sociales, con un video donde se capta al inspector López Jiménez obligando al menor a tirar su mercancía que vendía en una de las calles de Zona Luz del centro de Villahermosa, Tabasco. Después de ello, esa “autoridad” se retira y se lleva tres cajetillas de cigarros que al parecer sacó de la canasta del pequeño, quien se queda llorando en el piso.

Embarazadas e indígenas

Ayer se difundió el caso de Juana García Jiménez, una joven del estado de Oaxaca, que dio a luz en la calle porque la clínica a la que acudió no tenía médicos que la atendieran. De acuerdo con reportes de prensa, la joven arribó a la clínica de Ejutla de Cresco, en el valle Central de Oaxaca, y le informaron que no había médicos.

Apenas el 18 de febrero se dio otro caso de negligencia médica en el estado. Laura Jarquín Reyes y su esposo Eugenio Martínez Torres arribaron al Centro de Salud en Villa de Tututepec, Oaxaca, pero estaba cerrado.

Este no ha sido el único episodio así en Oaxaca. La Entidad registra en los últimos meses, al menos nueve casos de negligencia médica relacionados con la mala atención a mujeres embarazadas, la mayoría de origen étnico.

A finales del mes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó la investigación por presunta negligencia en un nosocomio de la comunidad de Teojomulco, Oaxaca, donde una mujer parió en un baño por falta de atención médica.

El presidente del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, ordenó abrir una queja de oficio para investigar presuntas violaciones contra la indígena que dio a luz en el baño del albergue del Hospital Básico Comunitario de la Paz Teojomulco, en la Sierra Sur de Oaxaca.

El organismo detalló que el 26 de febrero una indígena de 18 años acudió al nosocomio de los Servicios de Salud del estado con dolores de parto. Le fue negado el servicio hospitalario bajo el argumento de que aún no era tiempo y que era necesario que caminara para estimular el proceso.

Ante la negativa de atención, la víctima permaneció en el albergue anexo al nosocomio y a la 01:30 del día siguiente dio a luz a su hijo en el baño del lugar, refirió la CNDH.

Para la especialista Helena Varela, las agresiones aumentan si son féminas. “Ni hablar de mujeres indígenas, donde las condiciones son doblemente discriminatorias”, dijo. (SinEmbargo)