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México (21 de marzo).- En un hecho inusual, un juez federal de Colima ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) suspender cualquier intento para solicitar una nueva orden de aprehensión contra Elba Esther Gordillo por delitos fiscales y financieros.
De acuerdo con fuentes oficiales, el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Colima otorgó a la maestra una suspensión que impide a la PGR consignar cualquiera de sus averiguaciones previas que tiene en curso contra la maestra por estos ilícitos.
La medida cautelar estará vigente hasta que el juez resuelva en forma definitiva si concede o niega el amparo 546/2013, solicitado por la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), explicaron funcionarios federales.
Una fuente consultada manifestó su sorpresa ante este fallo judicial, pues dijo que nunca se había encontrado con un juzgado que detuviera la consignación de una investigación.
Según la información proporcionada, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, coacusados de Gordillo en el expediente por lavado de dinero y delincuencia organizada, también pidieron un amparo similar, registrado con el número 1601/2013.
Sin embargo, en este caso, el Juez Primero de Distrito en Colima no les concedió la suspensión y apenas el 12 de marzo pasado les sobreseyó o desechó el amparo, razón por la que no hubo ni existe impedimento alguno para presentar nuevos cargos penales en su contra.
La Procuraduría, sin embargo, no ha ejercitado acción penal contra ninguno de los procesados, por una averiguación previa iniciada con fecha posterior a su encarcelamiento del 26 de febrero de 2013.
En el caso de la maestra, la PGR tiene en curso al menos tres nuevas indagatorias, una por una presunta defraudación fiscal y dos por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito coloquialmente conocido como lavado de dinero.
Estas últimas están registradas con los números PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/017/2013 y PGR/SEIDO/UEIORPIFAM/016/2013, las cuales son instruidas por la Unidad Antilavado de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
En el caso de Isaías Gallardo y José Manuel Díaz, quienes presuntamente operaban el dinero desviado del SNTE, la PGR tiene abiertas siete averiguaciones previas por defraudación fiscal, que en conjunto ascienden a 127.5 millones de pesos.
Ambos, según la Procuraduría Fiscal, registraron movimientos millonarios de dinero que no reportaron al fisco en sus declaraciones anuales de 2008 a 2012.- (Terra)