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“Más vale tarde que nunca” reza el refrán popular, y el adagio parece bien aplicar para el caso. Y es que el 7 de abril pasado, diputados y senadores del Partido Acción Nacional solicitaron a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada perredista Estela Damián Peralta, incorporar a su Programa Anual de Auditorías una auditoría a los gastos de propaganda realizados por el gobierno yucateco.
Los diputados panistas por Yucatán, Rosa Adriana Díaz Lizama, Daniel Ávila Ruiz y María Yolanda Valencia Vales al momento de que les es recibida la denuncia en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. |
La auditoría que los legisladores panistas solicitaron se realice, es consecuencia de la pública denuncia que Artículo 7 hiciera hace ya 10 meses por los pagos presuntamente ilegales que el gobierno yucateco realizó durante el ejercicio 2008 al Por Esto!, a otros medios impresos y electrónicos y a diversas personas físicas, por “cobertura de actividades, programas y obras” por un monto total superior a los $47 millones, por los cuales se desconoce en qué consistió el servicio prestado —si es que efectivamente se prestó— al no detallarse cuántos spots, inserciones o desplegados incluía cada factura, ni qué programas, obras o acciones fueron publicitadas, lo que imposibilita la verificación y fiscalización del servicio supuestamente prestado.
El caso más representativo, como se recordará, fue el del Por Esto!, periódico al que durante el 2008 se le pagaron $23 millones bajo este ambiguo concepto, monto que no incluía la publicidad (anuncios) que por varios millones más también le fueron pagados por el gobierno del Estado. Ante la solicitud que por transparencia realizamos en su oportunidad de la evidencia documental o “testigos” que comprobaran efectivamente la prestación del servicio por el Periódico de la Dignidad, la Identidad y la Soberanía (además de las facturas que, por sí mismas, sólo prueban la cobranza y pago que por ese servicio supuestamente prestado se hizo), el director de Administración y Finanzas de la Coordinación General de Comunicación Social sólo respondió: “En lo relacionado a la evidencia documental de la publicidad o cobertura de las facturas, después de una búsqueda en los archivos de esta dependencia, es inexistente documentación alguna que lo contenga”.
En el reportaje en donde este semanario denunció estas presuntas irregularidades, el Consejo Editorial del mismo hizo el siguiente emplazamiento y exigencia: Artículo 7 hace un emplazamiento a nuestros senadores, a nuestros diputados locales y federales, a los líderes de opinión y a los partidos políticos, para que realicen las gestiones necesarias ante las autoridades estatales y federales que ayuden a esclarecer este asunto que, hasta hoy, parecen pasar por alto. Asimismo, a la Secretaría de la Contraloría General del Estado, a la Contaduría Mayor de Hacienda y a la Auditoría Superior de la Federación, les exigimos investigar con objetividad e imparcialidad esta pública denuncia y, en su caso, sancionar a quien resulte responsable.
Habiendo transcurrido nueve meses de nuestra pública denuncia y emplazamiento sin que ningún representante popular, ciudadano u órgano de fiscalización hiciera algo al respecto, en las dos últimas semanas del mes pasado, los que integramos el Consejo Editorial de este semanario interpusimos sendas denuncias ante la Contraloría General del Estado y la Contaduría Mayor de Hacienda por este asunto, por las cuales aún no hemos sido notificados del inicio de las auditorías que debieran ambas dependencias llevar a cabo tal y como procede.
"Más vale tarde que nunca". Diez meses después de hechos públicos —por Artículo 7— los pagos presuntamente irregulares realizados por el gobierno del Estado al Por Esto!, los legisladores federales panistas presentaron la denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación. |
La denuncia de los legisladores panistas, a la cual anexaron una copia del reportaje realizado por Artículo 7, suscrita por los diputados federales Rosa Adriana Díaz Lizama, María Yolanda Valencia Vales y Daniel Gabriel Ávila Ruiz, así como los senadores Hugo Antonio Laviada Molina y Alfredo Rodríguez y Pacheco, integrantes todos de la LXI legislatura de ambas Cámaras, es por diversas irregularidades cometidas por parte del titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, el director administrativo y de finanzas de dicha dependencia, el secretario de Planeación y Presupuesto, la gobernadora del Estado y todos los servidores públicos que resulten involucrados, por “la aplicación de pagos indebidos y en exceso; violación al principio de racionalidad presupuestal y falta de documentación comprobatoria de los gastos realizados al amparo de las partidas denominadas “Servicios de Difusión e Información”, situaciones que presumen un daño o perjuicio a la Hacienda Pública por tratarse del uso y aplicación indebida y en exceso de recursos públicos, así como por el ejercicio y manejo ineficiente y poco transparente de los mismos”.
Lo anterior lo sustentan los legisladores en que, en contradicción con lo asentado en el clasificador por objeto de gasto para el caso de la partida en donde fueron cargados esos gastos, “la cobertura diaria de las actividades del ejecutivo no corresponde a un servicio que demanden las dependencias y entidades de la administración pública estatal, sino a una actividad necesaria e inherente a la labor periodística de un rotativo a fin de difundir noticias de interés para sus lectores”.
Por ello, según la denuncia, al pagar con recursos públicos —que, sobra decir, no tienen esa finalidad— esa “cobertura” por la cual no recibe efectivamente ningún servicio diferente al obtenido en otros medios a los que no le paga ese concepto, el gobierno estatal lo que en realidad recibe es una “campaña permanente de culto a la imagen de la gobernadora” y un “ambiente informativo y de difusión a modo favorable a su gobierno”. Adicionalmente, se señala que esta irregular maniobra utilizada por el gobierno del Estado imposibilita “que la población o los entes fiscalizadores del recurso puedan monitorear y comprobar de manera efectiva la ejecución del gasto”.
Cabe mencionar que, según información del periódico capitalino Reforma, el diputado priista Jorge Carlos Ramírez Marín, miembro de la Comisión de Vigilancia, apenas se enteró de la denuncia interpuesta, se trasladó a las oficinas de ésta y retadoramente señaló que pueden realizar todas las auditorías que deseen, pues “todo está en orden”. A este respecto, sólo habrá que preguntarle al señor diputado que, si todo está bien, ¿por qué no siguió el gobierno del Estado pagando “cobertura informativa” en el 2009? Por restricciones presupuestales no es creíble, pues es de todos sabido que, sin importar lo que digan las directrices de racionalidad y austeridad presupuestal, los gastos de publicidad e imagen para el gobierno que con rapidez y vehemencia defendió, no tienen límites… ¿ o sí?
Sólo para poner en su justa dimensión este asunto, nos permitimos hacer la siguiente y odiosa comparación: ¿Qué es un donativo de $3 millones autorizado por el órgano de gobierno (integrado tanto por funcionarios públicos como por importantes miembros de la sociedad civil) de una paraestatal a una A.C. para la realización de estudios a nuestros mantos acuíferos, frente a este presunto desvío de más de 47 millones de pesos a particulares que no hicieron absolutamente nada para cobrarlos? Ojalá y nuestros entes “fiscalizadores” y “sancionadores” nos lo pudieran explicar. JECM