Entendiendo la compra de unos terrenos

Muchas personas se preguntan si fue bueno o malo que el gobierno del estado encabezado por Ivonne Ortega Pacheco adquiriese mediante un pago de 230 millones de pesos –que obliga a un nuevo y abultado endeudamiento al Estado de Yucatán- a un particular que tenía las escrituras de los terrenos en donde se asientan los edificios y vestigios arqueológicos de Chichén Itzá.

Para hacer un análisis objetivo, es necesario tener algunos elementos jurídicos, históricos y políticos que trataremos de sintetizar en los siguientes puntos:

1. Marco Legal. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos Históricos establece en su artículo 27 que "son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles". De manera que Hans Jurgen Ties Barbachano no poseía en manera alguna los edificios mayas ni los objetos que de esa cultura que se encuentran arriba o debajo de la superficie de los terrenos. Las ruinas y todo objeto o edificio arqueológico ya eran propiedad de la Nación. De manera clara, el estatus de los monumentos arqueológicos de Chichén no cambió con la compra.
2. Aspectos comerciales y de posesión. De hecho, en virtud de la contundencia de la citada ley federal, la operación y la posesión de las ruinas y de los terrenos adquiridos estaba ya desde hace mucho en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en algunos aspectos de CULTUR. El Sr. Ties Barbachano no podía hacer uso de los vestigios arqueológicos, ni podía construir o comercializar en esos terrenos sin permiso previo de la autoridad federal. Esa limitación del uso, del usufructo y de la posesión, lejos de incrementar el valor comercial de los terrenos, contenía o limitaba también ese valor.
3. Valor de avalúo. Apenas a fines del sexenio pasado, el INAH intentó adquirir esos mismos terrenos, ya fuera por compra o por expropiación. Finalmente no se concretó aquello por una razón u otra. Pero para esos fines y a petición del INAH, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABIN), realizó un estudio de avalúo de dichas tierras, que resultaron valuadas en apenas un poco más de 8 millones de pesos. Suponiendo que aplicaramos más allá del índice inflacionario de los últimos 3 o 4 años, el valor actual de los terrenos sería mas o menos de 10 millones. Si ese precio no era aceptable para el propietario, el INAH -o ahora el gobierno del estado de Yucatán- pudo haber expropiado y pagado la indemnización respectiva, con base al precio del avalúo del IAABIN.
4. Interrogantes. ¿Por qué comprar unos terrenos con un precio al menos 23 veces mayor al del avalúo oficial? ¿Por qué presentar ante la opinión pública que los bienes arqueológicos de Chicén Itzá han sido "rescatados" de manos particulares, cuando la Ley Federal establece -desde hace mucho- que los edificios y cada piedra arriba o a bajo de ese suelo ya eran propiedad de la Nación e incluso Patrimonio de la Humanidad? ¿A quién convino sobrepagar y endeudarnos una vez más a todos cuando bien se pudo haber expropiado? ¿A quien benefició ese desproporcionado manejo económico?
5. Las respuestas. Uno puede pensar dos cosas, o se actuó con ligereza despilfarrando los recursos públicos y endeudando más al estado de Yucatán -280 millones para tierras de Ucú, 1,870 millones aprobados en septiembre, y ahora otra deuda de 230 millones- o, por el otro lado estamos ante una escandalosa colusión entre comprador y vendedor para sobrepagar un bien y dividirse la diferencia de lo que realmente valían los terrenos.