MÉXICO, D.F., 29 de mayo.- Luego de nueve meses de investigaciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó el patrimonio personal de Alejandra Sota Mirafuentes, la ex vocera de Presidencia en el último tramo del sexenio de Felipe Calderón, “es consistente con sus ingresos”.

Tras analizar la evolución patrimonial de Sota y su cónyuge, la dependencia sostuvo que no encontró irregularidades y concluyó que no se enriqueció cuando era funcionaria pública.

“Hasta este momento los incrementos patrimoniales corresponden a los ingresos por conceptos de sueldos, salarios, honorarios, préstamos y créditos comprobados obtenidos por la servidor público y cónyuge, motivo por el cual, es procedente emitir el acuerdo de conclusión de la investigación”, señala la SFP en el documento de conclusión de la investigación.

De la Sota fue acusada de poseer un departamento en la colonia Del Valle antes de su cargo en la Presidencia y al término del sexenio era propietaria de una casa en la colonia Lomas de Chapultepec, una de las más exclusivas de la capital del país.

La SFP inició una investigación en agosto del 2013 al patrimonio de la ex vocera presidencial en la que analizó sus declaraciones patrimoniales, las constancias de percepciones, declaraciones fiscales proporcionadas por el SAT, adquisiciones de inmuebles y vehículos y estados de cuenta de ella y su cónyuge proporcionadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La panista fue acusada por presunto enriquecimiento ilícito luego de que acrecentó su patrimonio inmobiliario al pasar de vivir en el 2008 en un departamento en la colonia Del Valle, a una mansión de 660 metros cuadrados en Bosques de las Lomas, en el 2013, con un valor de seis millones 700 mil pesos (según publicó Proceso).

El semanario también documentó el crecimiento patrimonial que registraron algunos de los más cercanos colaboradores de Calderón, entre ellos Germán Martínez Cazares, Roberto Gil Zuarth y Maximiliano Cortázar.

Tras la resolución de la SFP, Sota Miraflores emitió un comunicado en el que afirma que la investigación de la dependencia “es congruente” con lo que ha sostenido.

“La secretaría de la Función Pública ha determinado que mis ingresos y erogaciones son consistentes con mi trayectoria laboral y por lo tanto no existe un aumento ilegítimo de mi patrimonio, tal como se establece en el oficio DGII/DGAEP/048/2013”, señala en su comunicado.

La ex funcionaria recalcó que los señalamientos que se hicieron en su contra en algunos medios de comunicación “son falsos e infundados”. (APRO)