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México (6 de junio).- “El único temor que tengo al hacer esto (divulgar los documentos secretos sobre el espionaje de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, NSA) es que la gente que los vea se encoja de hombros y diga: ‘Ya sabíamos que esto pasaba y no nos importa’. Lo único que me preocupa es poner en riesgo mi vida por nada”, le dijo Edward Snowden al periodista Glenn Greenwald cuando le filtró los documentos para su divulgación. Greenwald recuperó la cita en su libro No Place to Hide (Metropolitan Books, 2014).
Y México no ha hecho justicia a Edward Snowden. Ni el gobierno, la industria ni la propia ciudadanía han sumado esfuerzos para detener el espionaje masivo y defender la privacidad de las comunicaciones electrónicas. A pesar incluso de que personajes de la vida política profesional de México fueron objetivo del espionaje digital de la NSA.
“A nivel de la población, la mayor parte de la gente no tiene idea de cómo les afecta. Cree que le afecta al gobierno de Estados Unidos y afecta a Enrique Peña Nieto, que fue espiado, pero no se dan cuenta de que les afecta a ellos, no sólo a los estadounidenses sino a ellos (los ciudadanos) directamente”, dijo en entrevista Cédric Laurant, fundador del proyecto Son Tus Datos, con el fin de promover la defensa de los derechos de privacidad y protección de datos de los usuarios de TIC e Internet en México.
Las revelaciones de Snowden mostraron que las prácticas de vigilancia e intervención de comunicaciones por parte de Estados Unidos en México tuvieron como objetivos al ex presidente Felipe Calderón, el entonces candidato a la Presidencia Peña Nieto y documentación de la extinta Secretaría de Seguridad Pública y de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El caso Snowden abrió una oportunidad para fomentar la transparencia sobre la vigilancia electrónica y la colaboración de las agencias de seguridad con los gobiernos, pero México la dejó pasar por falta de presión ciudadana y desinterés del gobierno.
“El año pasado se aprobó de forma unánime en el Congreso un punto de acuerdo en el que se solicitaba al Gobierno federal un informe detallado sobre las prácticas de vigilancia y pidió que se hicieran del conocimiento los acuerdos con Estados Unidos. Pero el Gobierno no informó y no dio respuesta”, dijo el activista digital Jesús Robles Maloof, representante del colectivo ciudadano ContingenteMX.
Los 13 principios sobre la vigilancia de las comunicaciones
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La propuesta del Poder Ejecutivo para la legislación secundaria de telecomunicaciones, como segundo paso de la reforma constitucional del 2013, utiliza un argumento similar al de la NSA: la salvaguarda de la seguridad nacional como sustento para bloquear señales, vigilar las comunicaciones, incurrir a violaciones de la privacidad de los ciudadanos y pedir a las operadoras de telecomunicaciones la información sobre los usuarios de sus servicios. Una nueva propuesta de iniciativa será discutida y dictaminada este mes.
Katitza Rodríguez, directora de Derechos Internacionales de la Electronic Frontier Foundation (EFF), contrasta que mientras la Corte Europea declaró inconstitucional la obligación de las operadoras de telecomunicaciones para la retención de datos, el Gobierno mexicano buscó impulsar esa obligatoriedad por 24 meses.
“Declarar la inconstitucionalidad de esta normativa es un gran avance, sobre todo porque esta norma se dio en el 2006 y luego de las revelaciones de Snowden fueron adelante (con su cancelación)”, afirmó Rodríguez.- (El Economista)