Sao Paulo (11 de diciembre).- Brasil reabrió las heridas causadas por su dictadura militar (1964-1985) al presentar un informe de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) en el que cifra en 434 las víctimas mortales por el régimen castrense y responsabiliza a 377 funcionarios de las violaciones y los abusos.

El reporte de dos mil páginas fue entregado a la presidenta Dilma Rousseff, quien en los años setenta era guerrillera marxista y fue capturada, torturada y encarcelada.

Rousseff, notoria por su fortaleza de ánimo, perdió la compostura durante su discurso de presentación del informe. “Brasil merece la verdad… Y, sobre todo, quienes merecen la verdad son aquellos que perdieron a miembros de sus familias, amistades, compañeros y siguen sufriendo, como si volvieran a morir cada día de sus vidas”, afirmó la presidenta, a veces haciendo pausa a mitad de una frase luchando por contener las lágrimas.

Para elaborar este informe, los investigadores pasaron casi tres años revisando archivos, registros de hospitales y morgues e interrogando a las víctimas, sus familias y los supuestos culpables. Este documento representa la revisión más completa en Brasil para arrojar luz sobre los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.

El documento detalla exhaustivamente la “práctica sistemática” de los militares de cometer detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y el ocultamiento de cadáveres. Documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, como también 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.

“Estas cifras por cierto no corresponden al total de muertes y desapariciones sino solo de casos que fue posible comprobar”, dice el informe, y cita “los obstáculos encontrados durante la investigación, especialmente la falta de acceso a la documentación de las fuerzas armadas, que según se dijo oficialmente ha sido destruida”.

La presidenta Rousseff creó en 2011 una Comisión de la Verdad para arrojar luz sobre este período doloroso de la historia de Brasil, que junto a Chile (más de tres mil 100 desaparecidos o muertos) y Argentina (más de 30 mil) sufrieron duros regímenes castrenses en época de la Guerra Fría.

En virtud de una Ley de Amnistía en vigor desde 1979, Brasil es el único país de América del Sur que no juzgó los crímenes de la dictadura, al entender que el país necesitaba pasar página y avanzar hacia la reconciliación. El informe reclama la anulación de la amnistía.

La Comisión de la Verdad recomienda ahora que se revise la ley, mientras el texto del informe puede ser usado por el Ministerio Público para emprender eventualmente acciones contra acusados de crímenes en la dictadura que no sean considerados “políticos”, sino crímenes comunes.

Cambios en ley, en duda

Dilma Rousseff ha mantenido una presencia discreta en lo que respecta a las cuestiones vinculadas con la dictadura. Rara vez habla sobre los abusos que padeció durante su detención, cuando era atada y colgada cabeza abajo, golpeada en la cara y sacudida por golpes de corriente eléctrica.

Sus adversarios políticos han calificado a Rousseff de “terrorista” inclinada a orientar a Brasil hacia la extrema izquierda política.

Su pasado, sumado a un escándalo masivo de corrupción atribuido a su Partido de los Trabajadores, que involucró a la compañía petrolera estatal Petrobras, ha llevado a muchos a conjeturar que es improbable que promueva cambio alguno a la ley de amnistía.

CASO PETROBRAS
Destituyen a diputado

La Cámara de Diputados de Brasil despojó de su mandato al parlamentario André Vargas por sus supuestos vínculos con una mafia dirigida por uno de los delatores de un gran escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Vargas, quien hasta hace unos pocos meses era vicepresidente de la Cámara Baja, renunció a su militancia en el gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) después de que se ventilaron sospechas de la Policía sobre sus vínculos con una mafia de lavado de dinero dirigida por el cambista Alberto Youssef, detenido desde hace meses.

La empresa de Youssef blanqueaba dinero que era obtenido mediante comisiones que la estatal cobraba a empresas que contrataba para diversas obras y que luego era distribuido entre parlamentarios, en su mayoría de la base oficialista pero también de la oposición.

La Policía federal de Brasil pidió a fiscales presentar cargos contra 13 personas sospechosas de tener vínculos en el caso de Petrobras, 12 de ellos son ejecutivos de compañías de construcción y el otro es un cabildero.- (Agencias)