México (11 de diciembre).- Como respuesta a las iniciativas anticorrupción que se discuten tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, diversos grupos civiles mexicanos proponen crear un sistema nacional anticorrupción respaldado por toda la sociedad y no sólo por la clase política, que unifique todas las acciones del Estado que actualmente se realizan por separado.

“Rechazamos que se le imponga un Consejo formado por los integrantes de la clase política con el pretexto de promover la ética pública”, precisaron las organizaciones y agregaron que este sistema “no debe subordinarse a los designios del Ejecutivo y los gobernadores bajo ningún pretexto”.

Los organismos civiles calificaron las propuestas presentadas por distintas fuerzas políticas como “incompletas” y defendieron un sistema apoyado en cuatro órganos base: un tribunal de cuentas, una fiscalía anticorrupción, una Secretaría de la Función Pública reformada, y una Auditoría Superior de la Federación reformada.

La propuesta está respaldada por una treintena de organizaciones, entre ellas Alianza Cívica, México Unido contra la Delincuencia, Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, e Instituto Mexicano para la Competitividad.

Precisaron que el tribunal de cuentas debe ser imparcial y autónomo, que sancione y emita recomendaciones obligatorias para superar los problemas estructurales que favorecen los actos de corrupción.

Este tribunal, añadieron, debe estar formado por “funcionarios altamente capacitados, seleccionados de manera exclusiva por el Senado por periodos predeterminados y con candados a su remoción”.

Estos funcionarios deben contar con facultades “amplias, exclusivas y claras” de regulación administrativa “para crear, reformar y desaparecer sus propias normas sin constante cuestionamiento jurisdiccional”.

El segundo elemento es una fiscalía anticorrupción independiente y especializada en investigar, integrar y someter expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción.

También debe contar con personal “altamente capacitado, autonomía funcional, presupuestaria y de gestión, y elevados y eficaces controles de confianza”.

Añadieron que se deben modificar la actual Secretaría de la Función Pública y otorgarle mayores facultades para garantizar el apego a la ley en el servicio público.

Además debe evaluar el desarrollo de las políticas y programas gubernamentales, y la aplicación de los recursos presupuestarios, humanos y técnicos.

Finalmente, sugieren fortalecer la Auditoría Superior de la Federación y darle “autonomía e independencia” además de la facultad de revisión de los gastos fiscales, y publicar oportunamente sus conclusiones y hallazgos.

Para crear este sistema se deben aprobar dos leyes: la ley anticorrupción, que defina entre otros aspectos los delitos especiales clasificados como corrupción, y la ley nacional de fiscalización, que permita armonizar las tareas de los diversos órganos fiscalizadores. - (Agencias)