MÉXICO, D.F., 16 de diciembre.- Diputados federales exigieron ayer la comparecencia del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Jesús Murillo Karam, titular de la PGR, para que aclaren la participación de militares y de elementos de la Policía Federal (PF) en el ataque y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, como reveló Proceso.

Familiares de los normalistas portan la imagen de los jóvenes desaparecidos en su visita al Senado, el pasado 9 de diciembre. (Foto Alejandro Ayala/Xinhua)

Aleida Alavez, vicepresidenta de la Mesa Directiva, y José Luis Muñoz, ambos del PRD, entregaron a la presidencia y a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la petición, en la que también demandan la comparecencia del titular de la PF, Enrique Galindo Ceballos.

Los legisladores también solicitaron que se haga pública toda la información sobre los hechos registrados el 26 de septiembre pasado, con “el fin de aclarar verdadera y puntualmente a la población mexicana lo acontecido y las investigaciones realizadas en torno a tales hechos”.

Alavez Ruiz y Muñoz Soria dijeron que la información revelada por la revista Proceso “pone en entredicho la versión oficial” que dio el procurador Murillo Karam, en el sentido de que fueron policías municipales de Iguala y Cocula los que atacaron y entregaron a los 43 normalistas al grupo delictivo Guerreros Unidos, cuyos integrantes se encargaron presuntamente de asesinarlos, quemarlos y triturar sus restos y esparcirlos en el río.

Los diputados detallaron que “a través del reportaje La verdadera noche de Iguala, de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, y basado en testimonios, audios, vídeos, informes inéditos y declaraciones judiciales”, el semanario evidencia “que la agresión contra los normalistas fue orquestada y ejecutada por la Policía Federal con la complicidad o franca colaboración de elementos del Ejército Mexicano”.

Los hechos incluso, añadieron, fueron conocidos en tiempo real por el Gobierno Federal desde que los normalistas salieron de Ayotzinapa hasta la primera agresión, cuando tres de ellos murieron y 43 más desaparecieron, pues eran “monitoreados” por agentes de las administraciones estatal y federal, tal como lo revela un reporte del Gobierno de Guerrero fechado en octubre –obtenido por Proceso– y entregado a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) hace más de un mes.

En el informe se “reporta que a las 17:59 horas el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Chilpancingo destacó que los normalistas partían de Ayotzinapa hacia Iguala. A las 20:00 horas, elementos de la PF y la policía estatal llegaron a la autopista federal Chilpancingo-Iguala, donde los estudiantes empezaban a hacer una colecta. A las 21:22 horas, el jefe de la base de la PF, Luis Antonio Dorantes, fue informado de la entrada de los jóvenes a la central camionera, y a las 21:40 el C4 de Iguala reportó el primer tiroteo”.

Los legisladores recordaron que, aunque la Fiscalía General de Guerrero pidió desde el 28 de septiembre a la PF informar si sus agentes participaron en los hechos del 26, los registros de entrada y salida del personal de su base de operaciones y el número de patrullas y el registro del armamento usado del 24 al 28 de septiembre, la dependencia encabezada por el comisionado Enrique Galindo eludió entregar esa información, según la averiguación previa HID/SC/02/0993/2014.

Alavez y Muñoz Soria detallan que el reportaje de Proceso pone en duda la versión oficial difundida por la PGR, al establecer que el ataque y desaparición de normalistas de Ayotzinapa fue dirigido específicamente a la estructura ideológica y de gobierno de la institución, pues de los 43 desaparecidos uno es integrante del Comité de Lucha Estudiantil, máximo órgano de gobierno de la escuela, y diez eran del Comité de Orientación Política e Ideológica.

Por ello, “además de pedir la información en su poder a los mencionados funcionarios y su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión”, Muñoz Soria y Alavez Ruiz solicitaron a la CNDH investigue “cómo la PGR tomó las declaraciones a los presuntos testigos y denunciantes de los hechos”. (APRO)