MEXICO, D.F., 16 de diciembre.– El Juzgado IV de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México ordenó la libertad a Cinthia Stephanie Nava López y Patricia Campos Morales, quienes fueron detenidas el pasado 30 de junio por el Ejército Mexicano luego de los sucesos ocurridos en el municipio de Tlatlaya, donde 22 personas fueron asesinadas por soldados en un supuesto enfrentamiento que resultó en ejecución sumaria.

Una de las muertas en Tlatlaya.

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó: “La autoridad Jurisdiccional giró oficio a la autoridad penitenciaria y exhortó al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Nayarit, en turno, a efecto de que sean puestas en libertad”.

“En términos del Artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Penales se decretó el sobreseimiento del proceso penal que se les instruyó por los delitos de Acopio de armas de fuego y Posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y fuerza Aérea Nacional”, señala el documento.

La Procuraduría General de la República (PGR) determinó presentar conclusiones no acusatorias contra las mujeres que se encontraban en la bodega donde se registró el enfrentamiento, lugar en que unos militares dispararon contra algunos delincuentes que estaban desarmados.

La PGR inició una averiguación contra las mujeres por los delitos de acopio de armas de fuego, y posesión de cartuchos para arma de fuego del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Lugar donde militares ejecutaron 22 personas.

Sin embargo, en el transcurso de la pesquisa no encontró elementos para acusarlas de dichos delitos.

Ambas mujeres se encuentran internas en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social en Tepic, Nayarit.

El pasado 30 de junio elementos del Ejército Mexicano mataron a 22 presuntos delincuentes —21 hombres y una mujer menor de edad— en una bodega ubicada a un kilómetro de la comunidad rural de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, casi en el límite con Guerrero.

Dos de las tres camionetas decomisadas en el operativo en Tlatlaya.

La versión oficial, emitida ese mismo día por la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), señaló que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos.

Incluso el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, dijo el 1 de julio que “el Ejército, en legítima defensa, abatió a los delincuentes”.

En septiembre pasado, Julia —su nombre no es el real—, testigo presencial del suceso entrevistada por Esquire, declaró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron, que sólo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron.

En las horas siguientes, afirmó Julia, los soldados interrogaron a los 21 supervivientes y luego los mataron.

Por los sucesos ocurridos en Tlatlaya, el pasado 2 de noviembre siete militares fueron consignados acusados por el delito de abuso de autoridad, a tres de ellos por homicidio calificado en agravio de ocho personas, y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo por el caso Tlatlaya.

En un comunicado, el CJF señaló que los consignados fueron Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, se les acusa de su presunta responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público. (SinEmbargo)