México (19 de enero).- De enero de 2013 a octubre de 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) ocasionó 439 emergencias ambientales de las mil 195 registradas en el país, es decir, una tercera parte, confirma la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Dichas emergencias consistieron en derrames de hidrocarburos, cuyo volumen acumulado de gasolina, diésel y petróleo vertido fue de ocho millones 016 mil 880 litros, volumen equivalente al de cuatro piscinas olímpicas.

Mientras Pemex concentra las emergencias por hidrocarburos, el resto fueron causadas por diversas empresas privadas que utilizan otras sustancias como ácidos y aceites. Un ejemplo es el ecocidio por melaza en la Presa de Valencia en julio de 2013 en Tlajomulco. Las entidades más afectadas son Guanajuato (con 90 contingencias por derrames), Puebla (34) Veracruz (29), Tamaulipas (25), Sinaloa (22), Chihuahua e Hidalgo (20), confirma una investigación de Periódicos Asociados en Red (PAR). Jalisco cuantifica 16, por lo que está ubicado en el doceavo puesto.

Aunque la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental obliga a los culpables de los derrames a reparar los daños, Pemex reconoce abiertamente no hacerlo. De hecho, argumenta que tardaría 20 años en reparar por completo este desastre ambiental siempre y cuando no haya nuevas incidencias.

“La causa principal es la incapacidad presupuestal para ejecutar proyectos de remediación, incumpliendo con la normatividad ambiental”, expone la empresa en su informe anual. “Pemex cuenta con una serie de proyectos, que abarcan de 2014 al 2018, con los cuales quedarían remediados 96% de los sitios contaminados y 100% de las presas. Es imprescindible contar con un presupuesto aproximado de seis mil millones de pesos, mismo que no se tiene”.

No obstante, la paraestatal adquirió el 16 de enero de 2015 un endeudamiento por seis mil millones de dólares, pero no para remediar sus daños sino “para proyectos de inversión”.

Y mientras Pemex admite que es omiso, la autoridad encargada de hacerla cumplir, la Profepa, asegura que la paraestatal es obligada a resarcir los deterioros: “Podemos acudir a otras vías cuando el culpable no cumple con un mandato de la autoridad. Se está configurando un delito, e iniciamos un proceso penal con la Procuraduría General de la República”, responde Arturo Rodríguez Abitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, quien no supo decir cuántos procesos penales solicitó contra Pemex. Se tramitó una entrevista con la paraestatal en repetidas ocasiones y la evadió.- (Agencias)