MOSCÚ, 27 de marzo.- Las autoridades rusas acosan cada vez más a la sociedad civil y a las ONG que desde el Kremlin se perciben como críticas en relación al rumbo de Vladímir Putin. Para ello, la fiscalía ha lanzado una campaña masiva de inspecciones en ONG que de forma legal han venido financiado sus actividades con ayuda de becas internacionales y son, por tanto, independientes de las estructuras del Estado ruso. Amnistía Internacional y Human Rights Watch están entre las organizaciones cuyas sedes han sido registradas.

Todo indica que el fin de la Administración rusa es confeccionar una lista de entidades que serán obligadas a identificarse —en sus actividades, documentos y publicaciones— como “agentes extranjeros”, expresión que recuerda a las víctimas de las purgas estalinistas de los años treinta del pasado siglo en la URSS y que en Rusia equivale a “espía”. Quienes sean forzados a llevar esta denigratoria etiqueta se convertirán poco menos que en apestados ante una parte de la sociedad y también de los funcionarios conocedores de las reglas no escritas que rigen en la política rusa. El solo hecho de ser inspeccionadas pone a las ONG en una difícil situación.

Entre otras instituciones, Putin ha ordenado razzias a las fundaciones alemanas Konrad Adenauer y Friedrich Ebert. (AFP)

Los defensores de derechos humanos creen que las inspecciones tienen por objeto aislar a la disidencia sobre todo después de las grandes protestas contra el fraude en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2011 y las presidenciales de marzo de 2012. Putin ha responsabilizado a Occidente de la agitación callejera, tanto en Rusia como en los países donde se han producido cambios de régimen debido a la presión popular, comenzando por las denominadas revoluciones de colores en el espacio postsoviético.

Una ley aprobada el pasado julio obliga a las ONG involucradas en actividades políticas a registrarse como “agentes extranjeros” y establece multas y hasta penas de prisión para quienes no se sometan a la normativa. El problema, sin embargo, es la vaguedad a la hora de definir los fenómenos que la ley pretende revelar, tanto de lo que se entiende por actividades políticas como por intentos de influir en la política rusa. El responsable estatal de derechos humanos, Vladímir Lukin, y el jefe de la Comisión de Desarrollo de la Sociedad Civil adjunto a la presidencia, Mijaíl Fedótov, recomendaron a Putin que no firmara la ley, pero el jefe del Estado no les hizo caso.

El Ministerio de Justicia se hizo el remolón y trató de esquivar la tarea de formular los criterios para que una organización fuera declarada “agente extranjero”. Y fue necesario que Putin interviniera ante la cúpula del Servicio Federal de Seguridad (institución heredera del KGB) el 14 de febrero pasado para que la maquinaria del Estado se pusiera en marcha en busca de los “agentes”. “Hoy se ha establecido un orden en las actividades de las ONG en Rusia y esto afecta también a su financiación desde el extranjero”, dijo Putin a sus antiguos colegas. Y agregó: “Estas leyes deben ser cumplidas sin condiciones. Todas las injerencias directas o indirectas en nuestros asuntos internos, todas las formas de presión sobre Rusia y sus aliados y socios son intolerables”, dijo en un discurso.

Tras las palabras de Putin, grupos de inspectores dirigidos por la Fiscalía del Estado e integrados por representantes otras instituciones (el Ministerio de Justicia, el servicio de emigración, el servicio de impuestos e incluso los bomberos e inspectores de trabajo, según los casos) han irrumpido en las oficinas de las ONG seleccionadas, que cada vez son más, y no solo en Moscú, sino también en ciudades como San Petersburgo, Krasnodarsk, en Siberia, Perm, en los Urales, el distrito Marítimo en la costa del Pacífico, y Rostov, en el sur de Rusia.

El Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil se ha dirigido a la fiscalía para denunciar que las inspecciones masivas “no están motivadas” y en algunos casos resulta incomprensible que los bomberos y el servicio de inspección laboral participen en incursiones en las ONG que teóricamente tratan de verificar si la organización en cuestión cumple con la ley contra actividades extremistas. Recuerdan los firmantes de la misiva que, por ley, las inspecciones deben estar basadas en informaciones sobre eventuales infracciones que exigen tomar medidas.

Hasta ahora han sido inspeccionadas, entre otras, instituciones tan variopintas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Transparency International, la organización de derechos humanos y preservación de la memoria histórica Memorial, la Escuela de Investigaciones Políticas de Elena Nemiróvskaya, las fundaciones alemanas Konrad Adenauer y Friedrich Ebert, el Instituto Kennan de EE UU. Las inspecciones en algunos casos se han prolongado durante semanas. La relación con las autoridades de cada uno de los inspeccionados es diferente. Así, la Escuela de Investigaciones Políticas de Nemiróvskaya da amplia tribuna a los miembros del partido gubernamental Rusia Unida en sus seminarios internacionales, mientras el grupo Guardia Ecológica del Cáucaso del Norte denuncia los desastres ecológicos provocados por las obras para los Juegos Olímpicos de Sochi 2014. Asistencia Ciudadana, que dirige Svetlana Gánnushkina, ayuda a los emigrantes y colabora con las autoridades rusas responsables de los procesos migratorios.

La jefa de la Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, dijo el martes que estaba “preocupada por las acciones de las autoridades contra la comunidad de ONG” de Rusia. Las protestas han llegado también de Alemania y de Francia. (EL PAÍS)