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MÉXICO, D.F., 17 de mayo.- Las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades sin restricción, señaló el titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Ricardo Bucio Mújica.
El presidente del CONAPRED sostuvo que en México ya hay una perspectiva unificada de los poderes del Estado contra la homofobia.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, decretado el pasado 21 de marzo por el Presidente Enrique Peña Nieto, Bucio Mújica subrayó que la responsabilidad de que toda persona pueda ejercer sus derechos y libertades sin discriminación corresponde al conjunto de las instituciones públicas.
Al respecto, aclaró que esa “no es ni nunca debió serlo, una responsabilidad civil”, y explicó que esta acción es “un mensaje claro” para erradicar todo tipo de discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Recordó que junto a las líneas de acción del Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación, se expresa la voluntad política y la definición programática en la ruta de lograr en México que todos los derechos constitucionales puedan ser ejercidos por todas las personas.
El titular del CONAPRED refirió que hay todavía un “enorme camino por recorrer, ya que una gran cantidad de derechos no están regionalmente reconocidos”.
“Donde hay una discriminación, según el espacio territorial en el que nos encontremos, también hay una necesidad de armonizar una cantidad del marco legal a nivel secundario en todo el país”, planteó.
Sin embargo, consideró que “vamos en un proceso irreversible” en el reconocimiento de derechos de las personas para evitar la desigualdad y la discriminación.
En su oportunidad, Cecilia Tapia Mayans, secretaria técnica de la Comisión de Vigilancia del ISSSTE, reconoció que en la institución que representa existen obstáculos que superar a fin de garantizar la no discriminación a las personas de la comunidad LGBTTTI.
Explicó que por ello han impulsado diversas acciones, como el implementar un registro como derechohabientes a los y las cónyuges de trabajadores y pensionados del mismo sexo. (Agencias)