La sensibilidad social debe ser característica de toda administración. El gobierno independientemente de su nivel o de su origen, debe saber escuchar y responder con hechos a las exigencias, aspiraciones y reclamos sociales. En semejante orden de ideas, toda administración debe interesarse y preocuparse por el bienestar de sus empleados, puesto que es de suponerse que un individuo tranquilo y satisfecho rinde más que otro aquejado por la angustia y las preocupaciones que los compromisos insatisfechos de tipo monetario producen. En este sentido, es importante que todo régimen gubernamental se preocupe porque el salario de sus empleados sea decoroso y remunerador y porque estos cuenten con las prestaciones legales y más incluso, para contribuir a propiciar la productividad con base al criterio anteriormente planteado.

No se puede blasonar sensibilidad social cuando quienes hacen posible la marcha del sector público y constituyen el alma misma de sus instituciones, carecen de certeza laboral, pues se desempeñan sin la seguridad jurídica que entraña estar basificado y contar con las prestaciones de ley, principalmente las que se refieren al rubro de la seguridad social. Todo cuanto se pueda decir si no se cumplen estos supuestos, es pura y simple demagogia y a estas alturas no se vale lucrar con las necesidades del pueblo ni hacerle concebir falsas ilusiones y esperanzas al respecto.

Desafortunadamente en todos los niveles de gobierno existen trabajadores que prestan sus servicios careciendo de remuneración acorde a la magnitud de sus esfuerzos y a las demás prestaciones consustanciales a su tarea. Por desgracia poco o nada es lo que esto importa o preocupa a los altos mandos de las diferentes dependencias de cualquier nivel, toda vez que desde tiempo atrás persisten las condiciones de inequidad y lo primero que se argumenta para justificar la inacción y tolerancia de injusticias semejantes, es la carencia de recursos para sustentar debidamente las plazas.

De esta manera, es preciso decirlo, los gobiernos cuentan siempre con clientelas políticas a las que cíclicamente pueden enamorar y hacerles concebir presunciones de que al fin las cosas se resolverán, pero para ello deberán apoyar a la administración en turno. Lo anterior es a todas luces indebido e inmoral y recalco, sucede a todos los niveles de gobierno, pues es tal la necesidad de empleo existente en nuestra población, que la gente accede a trabajar aun a sabiendas que carecerá de prestaciones y remuneración adecuada.

De idéntico modo, laborar sin las condiciones idóneas se presta a la escasa productividad, pues los empleados consideran que a cambio de su magro estipendio, no tienen obligación ni responsabilidad alguna concluido su horario, ni en cuanto actitud o calidad, ni se consideran comprometidos o identificados con la institución en que se desempeñan. No hay pues sentido de pertenencia, eficiencia ni eficacia.

Muchas veces las instituciones públicas o sus funcionarios soslayan condiciones indebidas de trabajo, con la percepción equivocada de no contraer ni generar obligaciones obrero- patronales de vinculación, lo que se malinterpreta como un ahorro.

Tristemente la carencia de idoneidad en la retribución y las prestaciones propicia una serie de prácticas viciadas y viciosas que van desde la desidia, hasta el robo hormiga, el desperdicio y desaprovechamiento de recursos y hasta la corrupción, justificando todo con el mal salario devengado.

Los gobiernos panistas acordes a la filosofía humanista que sustenta al Partido de Acción Nacional, han obtenido éxitos indiscutibles en esta materia, dignificando las condiciones de trabajadores que carecían de todo beneficio laboral por espacio de más de veinte años. Irónicamente estas muestras de sensibilidad han sido desairadas por los empleados que han caído en el garlito tramado por la distorsión propagandística, que asegura la insensibilidad de los gobiernos considerados de derecha respecto de los supuestamente sensibles por alinearse ideológicamente más a la izquierda.

Ojalá que la población de nuestro país pueda hacer memoria y recordar quienes han sido los gobiernos que sin tanto ruido, han procurado dignificar a sus trabajadores, a diferencia de aquellos que presumen de tener corazones sensibles y se ostentan como buenos interlocutores, cuando solamente se ocupan de dar largas a las expectativas de los mas necesitados, sin resolver efectivamente nada.

El concepto de justicia social, es consecuentemente muy ambiguo e históricamente se ha manejado para justificar todo género de excesos. Lo que precisa cualquier conglomerado social para garantizar un adecuado nivel de crecimiento, progreso y desarrollo, es hacer el bienestar extensivo a todos sus integrantes. Generalizar el bien es la mejor forma de proveer la equidad en cualquier ámbito. Consecuentemente, cualquier persona sin requerirse especial pericia en materia de interpretación y análisis filosófico, puede advertir que la tesis del bien común supera ampliamente la de la justicia social. En tal virtud, no tiene caso entrar al análisis de los postulados tomistas que fundamentan esta corriente de pensamiento. Será inaccesible para más de uno.

Lo importante es que el pueblo advierta que las administraciones panistas son congruentes con lo que predican: Solidaridad y subsidiariedad social y absoluto respeto a la dignidad de la persona, constituyendo por lo mismo, la mejor alternativa electoral y de gobierno, porque saben cumplir lo que prometen, a diferencia de otros.