MADRID, 4 de diciembre.- En los nueve primeros meses del año se han producido en España 76,398 desahucios y ejecuciones hipotecarias, no en todos los casos de primera vivienda. Así consta en un informe que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) hizo público ayer y en el que este colectivo reivindica su papel «fundamental» en la organización de la nueva oficina judicial.

En ese informe se revelan datos como que los secretarios judiciales han celebrado cerca de 75,000 subastas durante 2011, aunque la mayoría de ellas han quedado desiertas y la finca se ha adjudicado a la entidad financiera concesionaria de la hipoteca. El informe recoge este «drama social» y la «brutal» evolución al alza que han experimentado las ejecuciones hipotecarias, que se han visto incrementadas en un 200,10 por ciento en los últimos cuatro años, al pasar de 25,943 en 2007 hasta las 77,854 de 2011.

Sagrario Ureña, de 41 años, con policías en su casa, se lamenta al ser desalojada de la vivienda que ocupó de forma ilegal en Madrid, después de no poder pagar su anterior casa al perder su empleo de telefonista. (Reuters)

Los secretarios judiciales, a quienes está atribuida la tramitación de estos procedimientos, proponen llevar a cabo mecanismos de conciliación o mediación previa a la vía judicial para alcanzar acuerdos entre las partes relativos al aplazamiento de pagos, la condonación parcial de la deuda en caso de que haya intereses abusivos, o la dación en pago, incluso para pleitos ya iniciados siempre que haya un consenso. Además, ven fundamental compensar el desequilibrio económico entre los bancos y los deudores.

«Responsables directos»

No obstante, piden que se valore «con extrema prudencia toda modificación de la legislación procesal y la hipotecaria, pues aún siendo una ley de hace muchos años, su esqueleto mantiene un equilibrio (...) tan perfecto que puede resquebrajarse si se hace cualquier modificación de manera apresurada».

Sobre el Real-Decreto-ley aprobado recientemente por el Gobierno, piden que se tasen de forma objetiva las causas para la suspensión de un desahucio, pues esto permitiría que sea el secretario judicial «el que de manera eficiente y eficaz» la aplique sin necesidad de «valoración subjetiva» de un juez.

En ese mismo informe, los secretarios judiciales aseguran que el 75 por ciento del trabajo de los juzgados y tribunales «es responsabilidad directa» suya y recuerdan que el aumento de la carga de trabajo que asume este colectivo es directamente proporcional a la disminución de esa carg a de trabajo en jueces y magistrados. A pesar de este esfuerzo notable durante los últimos dos años, tildan de «positiva» la implantación de la oficina judicial. (EL MUNDO)