Mérida, Yucatán, a 15 de agosto de 2013.- Al rendir su Informe Anual de Actividades, el Ombudsman, Jorge Victoria Maldonado hizo un llamado a tomar acciones inmediatas por los 21 fallecimientos registrados en centros de reclusión en los últimos cinco años así como por la presunta comisión del delito de trata de personas en Yucatán, en agravio fundamentalmente de mujeres, niñas y niños de origen chiapaneco.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) informó que, de conformidad con las obligaciones que marca la ley, se realizó la supervisión de las 106 cárceles municipales en el estado, donde además se documentaron 21 fallecimientos ocurridos de 2008 a la fecha, es decir más de 4 muertes anuales.

En 2008 se registraron 2 casos; 2009, 4; 2010, 5; en 2011, 3; en 2012, 4 y en lo que va del 2013, ya hay 3 personas fallecidas en centros de reclusión.

Victoria Maldonado resaltó que en más del 90 por ciento de los casos, las personas fallecidas registraban niveles importantes de intoxicación alcohólica en el organismo.

Además se corroboró que se carecen de exámenes médicos de ingreso así como de vigilancia de los funcionarios policiales asignados a las cárceles, de esta manera, los detenidos están sin supervisión de las autoridades.

Ante esta situación, Victoria Maldonado recomendó a alcaldes y comandantes de las policías municipales la detallada revisión médica de todas y todos los arrestados.

En segundo punto, para el caso de que los arrestados se encuentren bajo los efectos del alcohol, es necesario contar con la estrecha coordinación entre el médico que realiza el diagnóstico y los policías de guardia, toda vez que el médico habrá de dictar las medidas preventivas a favor de la persona.

“Un profesional de la salud deberá determinar la posición en que deba permanecer, el tiempo que durará los efectos del alcohol en el organismo, de acuerdo a la ingesta y peso del individuo, entre otros”, dijo.

Y por último, pidió no descuidar en ningún momento la vigilancia de los detenidos así como capacitar a los policías en atención de emergencias y prestación de primeros auxilios.

Otro de los temas señalados por el Ombudsman en su informe, fue el presunto delito de trata de personas del cual son víctimas vendedores ambulantes de origen chiapaneco en la ciudad de Mérida.

Un trabajo realizado por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos documentó graves evidencias de marginación, traslado involuntario, hacinamiento, vulneración al derecho humano a la salud, la educación, de la cultura y preservación de las comunidades indígenas de mujeres, niñas y niños de origen chiapaneco.

“Por lo que haciendo uso de las facultades conferidas constitucionalmente a nuestro organismo, trabajaremos en la integración de una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de trata de personas, en agravio fundamentalmente de mujeres, niñas y niños que podemos ver todos los días en las calles de nuestra ciudad”, señaló.

De acuerdo a la investigación, se corroboró que estas personas laboran en promedio 10 horas al día, ganan mil pesos mensuales, carecen de prestaciones laborales y viven en vecindades donde pagan rentas de 35 pesos al día en promedio.

En promedio, los chiapanecos que expenden sus productos en la entidad tienen un sueldo mensual de mil pesos sin comisiones, y todo el producto de las ventas lo entregan a su patrona llamada Juana, que es la misma persona que se encarga de su alojamiento.

En ninguno de los casos se señaló que los trabajadores cuenten con algún tipo de seguridad social por lo que en caso de estar enfermos el servicio médico corre por cuenta de cada uno de ellos.

En cuanto a la vivienda, se investigó que se concentran en grupos de aproximadamente 20 personas y habitan una vecindad donde pagan en promedio 35 pesos por habitación al día, y en cada habitación –de aproximadamente nueve metros cuadrados- viven dos personas.

San Cristóbal de las Casas, San Juan Chamula, Pijijiapan y Comitán, son las localidades del Estado de Chiapas de donde proviene una gran parte de las personas que actualmente se dedican a la venta de la mercancía típica en el Centro Histórico y los alrededores de la ciudad de Mérida.