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México, Distrito Federal, 12 de diciembre de 2013.- La reforma energética fue aprobada para recuperar el crecimiento del país, reducir los precios de los energéticos y disponer de recursos públicos para atender las prioridades sociales de la población, expresó el coordinador de los diputados federales del PRI por Yucatán, Mauricio Sahuí Rivero.
Tras participar en maratónica sesión, el legislador sostuvo que las modificaciones se hicieron de manera responsable porque se busca financiar el desarrollo de la industria de exploración y extracción del petrolero y gas sin poner el riesgo la economía del país.
“En la constitución federal se establece la propiedad exclusiva de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo” puntualizó.
Se mantiene la prohibición de concesiones y se establece que el petróleo, los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo son propiedad de la nación y esta propiedad es inalienable e imprescriptible.
De acuerdo con la reforma aprobada por PRI, PAN, PVEM y PANAL, se establece en el artículo 25 que PEMEX y CFE serán empresas productivas del Estado en lugar de organismos descentralizados, cuya operación estará regulada por la ley para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad y transparencia con base en las mejores prácticas.
Asimismo, la inversión privada realizada para las actividades de generación y comercialización de electricidad será siempre bajo contrato con la CFE que será la encargada de su transmisión y distribución.
Contempla que PEMEX retenga las áreas exploratorias en donde haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones además de conservar los derechos sobre todos los campos en producción.
De igual manera, se protege los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en la industria energética nacional, tanto en dependencias como en entidades de la administración pública federal del sector energético.
El Estado será el único responsable de definir el modelo que mejor convenga para cada caso de contratación o asignación para las empresas productivas del Estado o particulares y sus contraprestaciones.
La minuta enviada por el Senado de la República y que fue aprobada con 354 votos a favor por la Cámara de Diputados se turna a los Congresos locales para su ratificación.