MÉXICO, D.F., 10 de diciembre.- En víspera de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizaciones civiles exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto que reconozca “la inexistencia de logros a celebrar” y acepte “la grave crisis de desapariciones que enfrenta México”.

Defensores de derechos humanos marchan al Ángel. (Foto Miguel Dimayuga)

En un comunicado conjunto, 15 organizaciones de Derechos Humanos reprocharon a Peña Nieto que en su decálogo presentado en días pasados no se contemplaron estrategias claras para la “prevención y erradicación” de las desapariciones en el país que, de acuerdo con los registros oficiales, serían más de 23 mil 605 personas.

Las agrupaciones lamentaron que el decálogo de Peña Nieto “en mínima medida aborde las problemáticas de Derechos Humanos y que sea insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan a decenas de miles de personas y sus familias”.

Peor aún, sostuvieron que en el mensaje presidencial se trasladó la “agenda sustantiva al Poder Legislativo, cuando desde la esfera de la administración pública federal hay incontables asuntos pendientes”.

Los activistas advirtieron que en el punto ocho del decálogo –a propósito de la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas–, éste “no fue presentado como una política integral, quedando soslayados aspectos fundamentales”.

Pese a la gravedad del problema, señalaron, el documento presentado por Peña Nieto no consideró un Plan de Búsqueda en Vida, que coordine acciones de investigación inmediata de distintos ámbitos gubernamentales, “cuya ejecución recaiga en autoridades con capacidad de realizar dicha coordinación y generar información de inteligencia”.

Además, lamentaron que no se anunciaron medidas “para fortalecer las labores periciales, cruciales para investigación del paradero de las personas desaparecidas”, ni mucho menos “medidas suficientes para generar información fiable, pública y transparente”.

Sigue pendiente, recordaron, el “mejorar y hacer funcional el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), además de contar con bases de datos genéticas y forenses que sean la base de investigaciones sólidas en el tema”.

Las organizaciones firmantes enlistaron otros faltantes en el decálogo presidencial que deberían ser retomados, tales como la creación de “una instancia especializada para investigar las graves violaciones a los Derechos Humanos”, en lo que será la Fiscalía General, que sustituya a la Procuraduría General de la República (PGR), o el reconocimiento de la Competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, para conocer de casos individuales, de acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas la Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada por México.

En su mensaje, resaltaron, Peña Nieto tampoco consideró a las víctimas y a sus representantes en la discusión de la Ley General sobre Desaparición Forzada ni anunció el tema de la desaparición en los foros a realizarse en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) solicitados por el Ejecutivo a la institución.

Para las organizaciones fue grave que el Decálogo Presidencial no contemplara ninguna medida relativa a la “justicia transicional que quedó trunca en México y que en esta emergencia muestra su relevancia”.

En ese sentido, advirtieron que sería de utilidad la creación de una comisión que “revise, corrija y actualice el informe final de la hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), para que el mismo sea publicado y difundido ampliamente (…) a efecto de que aumente el reconocimiento social sobre la recurrencia de las desapariciones en México”.

Los firmantes sostuvieron que sin la inclusión de las anteriores medidas –recomendadas por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición de Personas–, “es imposible afrontar la crisis de Derechos Humanos que se cierne sobre México. Sólo a través de estas acciones integrales se estaría haciendo efectivo los derechos a la justicia y a la verdad que las víctimas y la sociedad detentan”.

El pronunciamiento fue firmado por las siguientes organizaciones: Asociadas por lo Justo (JASS), los centros de Derechos Humanos De las Mujeres, Fray Francisco de Vitoria, Fray Juan Gerardi, Agustín Pro Juárez, de la Montaña Tlachinollan, Paso del Norte, Victoria Diez y Fray Juan de Larios.

También firmaron Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y Servicios y Asesoría para la Paz. (APRO)