Una organización cívica de raíces empresariales (Ciudadanos en Movimiento) viene realizando un ejercicio de supervisión electoral, presionando a los candidatos de los distintos partidos a dar a conocer su compromiso o alejamiento de determinadas causas y temas que consideran de interés social.

El esfuerzo de Ciudadanos en Movimiento no puede rendir los frutos que se quisiera por el grado de involucramiento de los directivos nacionales de esta organización en el status quo y, por tanto, en su defensa y en la defensa del sistema de partidos que impera en México.

Las preguntas que formulan Ciudadanos en Movimiento no van, no pueden ir al fondo del posible desempeño legislativo de los ahora candidatos: plantean –por encimita- una serie de valores abstractos pero se cuidan de no mencionar a los poderes fácticos que dominan y controlan la vida legislativa en México, con la perversa participación del IFE, de los trifes y cofipes. Nada se dice de la vigencia y del fortalecimiento del ESTADO LAICO, de reforzar la rectoría estatal en materia económica (más aún después de la macro-crisis que generó la permisividad financiera a nivel mundial). Nada se habla de la presencia del ejército realizando labores policiales o de la influencia nefasta de los monopolios en la marcha económica del país. Tampoco llegan las preocupaciones de Ciudadanos en Movimiento a tocar la Ley Televisa o el “poder de veto” que ejercen las televisoras sobre políticos, sobre legisladores y sobre políticas públicas.

¿Se imaginan la respuesta que ofrecerían los “5 cochinitos” que tuvo a bien escoger la gobernadora Ortega si se les cuestionara su inminente subordinación a Salinas de Gortari o a Peña Nieto, por encima del interés de los yucatecos?

¿Se atreverían Carolina y Javier Medina a hacer suyas las objeciones que el pleno de la Suprema Corte estableció a la Ley Televisa, comprometiéndose a legislar en materia de comunicaciones con base en el interés nacional y en contra del duopolio, en la televisión, y de Carlos Slim en la telefonía?

Sería interesante y conveniente la posición que asumen los candidatos ante la aceptación de las CANDIDATURAS CIUDADANAS o ajenas a la postulación partidista. Pero no una propuesta ambigua y tramposa como la que se tiene en Yucatán, sino una formulación concreta y factible, como sería exigir el 2% de firmas de respaldo (el mismo porcentaje que se exige a los partidos “chiquitos”, a nivel nacional, para lograr su registro). Así, un pre-candidato que presente 4 mil firmas de respaldo podría contender como candidato independiente, de manera holgada, en cualquier distrito que tenga los 150 mil electores que establece la ley.

¿Y qué de facilitar y hacer accesible la REVOCACIÓN DE MANDATO para gobernadores, alcaldes, procuradores de justicia, ombudsman?