El reporte no puede ocultar la falta de disciplina fiscal, el dispendio del erario y la poca obra pública realizada por el gobierno estatal durante el 2008

En días pasados la Secretaría de Hacienda estatal entregó a la Contaduría Mayor de Hacienda la Cuenta Pública del ejercicio 2008. El documento, a decir de la carta de presentación de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, "es un ejercicio de rendición de cuentas con transparencia para demostrar el cumplimiento de los compromisos contraídos por el Gobierno de la Nueva Mayoría con la sociedad".

Del análisis del extenso documento —279 páginas de informe y más de 700 de anexos— se puede apreciar precisamente el incumplimiento de compromisos de campaña de la gobernadora Ortega Pacheco —reducción de gasto corriente, no crecimiento de la burocracia estatal, incremento de obra pública— y se acredita, ahora oficialmente, lo que Artículo 7 ha manifestado insistentemente: la inexistente disciplina fiscal del actual gobierno estatal y el descarado dispendio del erario.

A continuación te presentamos, estimado lector, algunas de las evidencias que soportan nuestro dicho:

Inexistente disciplina fiscal

El presupuesto original autorizado por el Congreso del Estado ascendía a $15,474.9 millones. Dicho decreto facultaba al Ejecutivo para ejercer los recursos que recibiera adicionalmente a lo contemplado en la Ley de Ingresos, previo conocimiento del Congreso, a través de la Comisión de Seguimiento del Ejercicio de los Ingresos Excedentes del Estado de Yucatán.

En su sesión del 8 de mayo de 2008 —la única que oficialmente se ha llevado a cabo— dicha comisión le autorizó al gobierno estatal ampliaciones por $395.7 millones. Durante el año el gobierno obtuvo $117.6 millones adicionales de gasto no programable —que no tiene como requisito informarse previamente.

Así las cosas, el presupuesto total autorizado del que podía disponer el gobierno del Estado durante el 2008 ascendía a $15,988.2 millones. Pero, según lo asentado en la propia Cuenta Pública, terminó ejerciendo $18,296.9 millones.

Lo anterior se traduce en que se ejercieron más de $2,308 millones, violando el presupuesto de egresos porque no informaron previamente a los diputados el origen y destino de esos recursos adicionales. Por lo tanto, no contaron con la autorización para ejercerlo. (ver Gráfica 1).

Varias entidades del gobierno del Estado, además, ejercieron más recursos de los que recibieron. Dejaron grandes cantidades de dinero en cuentas por pagar —deuda— a proveedores, además de retenciones no enteradas.

El documento no refiere si los órganos o juntas de gobierno de esas entidades autorizaron a éstas a ejercer recursos que no tenían o fueron ejercidos sin autorización. Entre estas entidades destacan el DIF, con $45.3 millones de más; la JAPAY, con $44.1 millones; el ICY, con $14.8 millones y el Sistema TeleYucatán, que ejerció $20.1 millones y registró ingresos por $11.4, dejando un déficit de $8.6 millones.

Indisciplina presupuestal

Asimismo, la falta de disciplina presupuestal se hizo evidente con numerosas dependencias que excedieron sin consideración sus techos presupuestales autorizados por el Congreso. Entre éstas sobresalen:

La Coordinación General de Comunicación Social que ejerció más de 3 veces su presupuesto anual (306%); la Secretaría de Hacienda que ejerció casi el doble de su presupuesto orginal (192%); la Secretaría General de Gobierno que ejerció 64% más de su techo financiero; el Despacho de la C. Gobernadora que gastó 63% más de lo autorizado por los diputados y la Secretaría de Salud, que sobrepasó su presupuesto en 60%.

Fuerte incremento en gasto corriente

Por otro lado, en el 2008 se ejercieron en gasto corriente —aquel destinado a la operación del gobierno— $16,451.1 millones, casi 90% del total ejercido. Ese importe superó en $2,701.6 millones el gasto corriente de 2007. Esto representa un incremento de casi 20%. El gasto corriente se incrementó más de 26% con relación al 2006, mientras que el gasto de capital —aquel destinado a inversión o incremento de productividad y disminución real de la pobreza— decreció poco más de 1%. Véase Gráfica 2.

Lo anterior implica que uno de cada cuatro pesos destinados al mantenimiento y operación del aparato gubernamental, es consecuencia directa de la gestión de la presente administración, es decir, fue creado por la misma.

Más gasto en sueldos a la burocracia, en compra de bienes y en contratación de servicios

Los recursos destinados a servicios personales de la administración estatal se incrementaron $873.4 millones en 2008 —considerando todas las partidas del Capítulo 1000 y la partida 4301 del Capítulo de Ayudas, Subsidios y Transferencias— representando un incremento de casi 13%, en tanto que el incremento salarial fue entre 4.5 y 5%. En relación a 2006, esos recursos crecieron $1,371 millones, representando un aumento de casi 22%, tal y como se puede apreciar en la Tabla 1.

En virtud de estos incrementos a los servicios personales, uno de cada 5 pesos de la nómina estatal se generó en el presente gobierno. Contra lo prometido en campaña por Ortega Pacheco, se estima que la burocracia estatal ha crecido en 3,500 plazas en los primeros 17 meses de su administración.

Por lo que respecta al gasto en materiales y suministros, el de la administración estatal en este concepto aumentó $324.6 millones sólo el último año, representando un incremento del orden de 77%, tal y como se aprecia en la Tabla 2. Sobresalen los incrementos en:

Combustibles (partida 2601). Pasó de $43 millones en 2006 a $61 en 2007, para llegar a $87 millones en 2008. Es decir, en dos años se duplicó.

Alimentación de personas (partida 2201). Pasó de $39 millones en 2006, a $42 en 2007 y a $54 en 2008. El incremento en dos años superó el 38%.

En cuanto a los servicios generales y tal y como es apreciable en la Tabla 3, éstos crecieron el último año casi $479 millones, representando un incremento de más del 92%. Destacan los rubros de:

Gastos de información (partidas 3601 y 3605) : Como ya reportó anteriormente Artículo 7, en estas partidas se ejercieron $21.7 millones en el 2006, $31 millones en el 2007 y $123 millones el año pasado. Adicionalmente, la administración actual dejó obligaciones por pagar por poco más de $30 millones —correspondientes al 2008 y que fueron pagadas en este ejercicio— para dar un total de ejercido de $153 millones, cuando el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para este propósito ascendió a $20.8 millones de pesos. Es decir, el presupuesto autorizado fue rebasado 7 veces.

Gastos de Viaje (partidas 3701 y 3702). El ejercicio pasó de $16.1 millones en 2007 a $31.4 millones en 2008. En un año se duplicó el gasto por estos conceptos.

Estudios y asesorías (partidas 3301 y 3305). De ejercer $29 millones en 2006, en el 2008 se ejercieron $73 millones, lo que equivale a dos veces y media el gasto ejercido en estos conceptos durante el último año completo de la administración anterior.

Menos de 10% de la obra pública total, del gobierno estatal

Del total de $3,318 millones invertidos globalmente en obra pública en el Estado el año pasado, los recursos federales representaron 62.3%, los municipales 27%, y los recursos estatales solamente 9.5%, con $315 millones, tal y como se aprecia en la Gráfica 3.

No hubo aportación al Fondo para Atención de Emergencias y Desastres

El Fondo para la Atención de emergencias y Desastres se crea a finales de 2005 por acuerdo de la Legislatura pasada y fue formalizado en el diario oficial el 2 de junio de 2006. Tiene por objeto crear un fondo de financiamiento análogo al Fonden federal para hacer frente a cualquier emergencia que se presente en el Estado. Cada año el gobierno estatal aportaría los montos para crear ese fondo que se utilizaría en caso de alguna emergencia, para así evitar una afectación mayor a las finanzas estatales.

En el año 2006 se aportaron $17 millones, en el 2007 otros $12 millones y para el año 2008 el Congreso autorizó una partida de $59.4 millones de pesos en la partida 7301 de la Unidad de Estatal de Protección Civil, dependiente de la Secretaría General de Gobierno. Sin embargo, de conformidad con la cuenta pública, el año pasado no se hizo aportación alguna al referido fondo, pero sí se ejercieron $8.8 millones sin haberse dado ningún desastre en el Estado.

¿Pagos fuera de normatividad?

En los recursos provenientes del Fafef y de excedentes del petróleo, llaman la atención algunos pagos que aparentemente no corresponden al destino de gasto previsto en dichos programas, como $9.9 millones pagados por la Secretaría de Hacienda en comisiones bancarias, $18 millones pagados por la compra del edificio de la Consejería Jurídica y $3.6 millones de consumo de alumbrado público cubierto por la Secretaría de Obras Públicas, entre otros. JECM.