México (2 de febrero).- El Vaticano dictó en 2010 normas especiales para que los obispos colaboraran con las autoridades civiles en las denuncias contra sacerdotes pederastas; sin embargo, algunos jerarcas católicos han logrado dar la vuelta a esos lineamientos y encuentran espacios como los “acuerdos notariales” para evitar que los responsables sean juzgados.

El caso más reciente en México lo escenificó, en días pasados, el obispo Raúl Vera López, de Saltillo, quien realizó acuerdos notariales con las familias de las víctimas y evitó castigos penales; sin embargo, aclaró que envió los casos a la sede pontificia para reducir al estado laical (máxima pena a un sacerdote) a los responsables.

El pasado 12 de enero el obispo Vera López ofreció una conferencia de prensa, en la que dio a conocer su opinión sobre la audiencia de la sede papal ante el Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas, ahí reconoció que en su diócesis se habían denunciado dos casos.

Detalló que uno de los sacerdotes fue retirado del ministerio, y el otro aún continúa en Coahuila, aunque sin ejercer, porque todavía no concluye el juicio eclesiástico.

Explicó ante medios locales: “Hablamos, y él voluntariamente renunció y se fue. Así se resolvió. En el segundo caso se retiró al sacerdote del ministerio. Di instrucciones a un abogado para atender el caso, pero los papás de la niña me dijeron, mediante notario, que ellos colaboraban en el asunto eclesiástico siempre y cuando yo me comprometiera a no llevar este caso ante las autoridades, porque no querían que su hijita sufriera ningún trauma.

“De los dos casos ningún sacerdote está en la cárcel, porque los papás así lo pidieron para no ventilar los asuntos públicamente. Desde el momento en que hay un crimen de este tipo, el Vaticano asume la responsabilidad para evitarnos a los obispos que hagamos tonterías de traerlos de diócesis en diócesis”, explicó.

Ante la presión de los medios, el pasado miércoles emitió un comunicado en el cual refrenda la lucha de la Iglesia contra los pederastas y su preocupación por las víctimas. Además de reconocer que los dos casos fueron enviados al Vaticano.

NO AL ACUERDO

El ex sacerdote Alberto Athié, quien denuncio los abusos del fundador de los Legionarios de
Cristo, Marcial Maciel, dijo que no puede existir un “acuerdo” para no denunciar a un delincuente.

“No se puede sobreponer a la ley penal que castiga a los abusadores un acuerdo entre particulares; entre victimarios y encubridores.

“Me preocupa mucho que el obispo Raúl Vera, con el perfil que tiene, haya firmado esos acuerdos notariales. Lo invito a no proteger a los pederastas y entregarlos a la ley.”

Athié Gallo lanzó un “ya basta de buscar procedimientos para ocultar a los abusadores y evitar que sean castigados”.

Por ley todo ciudadano mexicano, sin excepción, está obligado a denunciar delitos de los que tenga conocimiento, según el artículo 169 de Código de Procedimientos Penales de Coahuila:

“Toda persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier funcionario o agente de la policía”.

Además, el artículo 253 del Código Penal de Coahuila dice que se castigará de tres días a tres años de cárcel a quien, conociendo que alguien cometió un delito, lo ayude a eludir la acción de la autoridad, entorpezca la investigación mediante ocultación de evidencia, impida, dificulte o retrase la averiguación de un delito o proporcione declaraciones falsas.

Ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, hace dos semanas, los representantes del Vaticano admitieron que no todos los obispos cumplen con las normas establecidas en 2010.

Hasta ahora por ciento de las conferencias episcopales han redactado las guías que deberían ser un manual de referencia para los obispos en cada país sobre cómo actuar y México es
uno de los que la presentó a tiempo.

Legionaries eligen a su líder

-Los Legionarios de Cristo elegirán a su nuevo gobierno con el voto secreto que colocarán en urnas; solo participarán los 61 padres reunidos en el Capítulo General y el ganador será quien obtenga la mayoría absoluta.

El día de la elección se eligirá primero al director general; se hará la votación y quien tenga mayoría absoluta (31 votos o más) será el superior. Si en la primera votación nadie lo obtiene, se repite hasta la cuarta vez.

Posteriormente se elige a los miembros del consejo general; estos también se nombrarán a partir de la mayoría absoluta, hasta tres votaciones,
pero en esta ronda basta con la mayoría relativa.

Después se vota por el administrador y procurador general; y el resultado de las elecciones se envía a la sede papal.

Una vez que responda se da a conocer públicamente quiénes conformarán el gobierno de los Legionarios de Cristo, quienes serán los responsables de implementar los nuevos estatutos que elaboran en el Capítulo General.

Asimismo de establecer las fechas para continuar con los trabajos jurídicos con el Regnum Christi que es integrado por las consagradas (os) y laicos que pertenecen a la congregación.- (Milenios)