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Santiago (23 de marzo).- Miles de chilenos salieron el sábado a las calles de la capital para presionar al Gobierno de la socialista Michelle Bachelet, que asumió las riendas del país hace dos semanas, para que cumpla con un ambicioso programa de reformas económicas y sociales.
La denominada “Marcha de todas las marchas”, que según sus organizadores convocó a más de 100.000 personas en el centro de Santiago, contó con la participación de unos 40 grupos desde ecologistas a defensores de los derechos de la diversidad sexual y de grupos indígenas. La policía cifró en 25.000 los asistentes.
Esta es la primera manifestación masiva a la que se enfrenta Bachelet desde que asumió el cargo el 11 de marzo, que entre otras cosas presionó por una nueva Constitución que reemplace a la que rige desde la dictadura de Augusto Pinochet en la década de 1980.
“Consideramos que una nueva Constitución vía Asamblea Constituyente puede solucionar los problemas de toda la diversidad de organizaciones que existe en nuestro país”, dijo a periodistas Oscar Rementería, portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).
“No es una manifestación en contra de Bachelet o a favor, es sólo un llamado de atención a la clase política para que sepan que hay demandas ciudadanas”, agregó.
La marcha, sin embargo, no contó con la participación de las organizaciones de estudiantes de secundaria, profesores y de trabajadores que en los últimos años convocaron a las protestas más masivas de las décadas recientes en el país.
Los estudiantes decidieron no adherirse en momentos en que participan en la negociación del proyecto de reforma educativa que presentará el Gobierno al Congreso.
Para financiar los cambios en educación, el Gobierno se comprometió el envío al Congreso a finales de este mes de un proyecto de reforma tributaria que elevará la recaudación fiscal en unos 8.200 millones de dólares, con un aumento gradual al 25 por ciento del impuesto a las empresas, desde el 20 por ciento actual.
Bachelet asumió el cargo con la promesa de una mayor inclusión social en un país que presenta una sólida economía, pero que posee la peor tasa de distribución de los ingresos entre los socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).- (Agencias)