MÉXICO, D.F., 25 de noviembre.- Dos horas después de ingresar al Ministerio Público de la delegación Venustiano Carranza el pasado 15 de noviembre, Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López se enteraron que estaban acusados de amenazar con cuchillos de cocina a una policía federal y robarle 500 pesos, cuando ésta se encontraba con dos colegas.

Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López, detenidos arbitrariamente por federales. (Foto Facebook)

Apenas 20 horas después de su ingreso al MP, Bryan fue llevado al Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Femenil de Santa Martha. Ahora esperan que un juez analice su caso y resuelva en consecuencia.

Las declaraciones que realizaron ambos jóvenes por separado ante el MP –sin haber podido platicar después de su detención–, coinciden en una versión de los hechos muy diferente a la que ofrecieron los uniformados:

Pasadas las 02:30 de la tarde del sábado, Bryan, Jacqueline y su amigo Ulises Chávez Trejo salieron de la casa del primero rumbo al mercado de La Merced para comprar comida. En el cruce de las avenidas Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, un grupo de 15 personas vestidas de civil los sometieron.

Ulises logró escapar, pero a Bryan lo forzaron a subirse a un automóvil Chevy con vidrios polarizados. Jacqueline fue subida a un taxi modelo Tsuru. Él gritó “¡Soy Bryan Reyes, me están secuestrando!”, antes de desaparecer en el auto.

Un elemento de la Policía Preventiva del Distrito Federal escuchó el llamado de auxilio y arrancó su camioneta. Rebasó al Tsuru y al Chevy y ordenó a los conductores detenerse. Ellos se identificaron como policías federales. Entonces la patrulla se fue.

"Terrorismo de Estado"

Jorge Miranda, abogado de Bryan, aseveró hoy que, al subir los jóvenes a autos de civiles, los policías –sin uniforme– estaban realizando una desaparición forzada, pero vieron sus planes frustrados por la intervención del agente del D.F.

En consecuencia, “fabricaron el delito de robo” que, además resultó “absurdo”, según el abogado. Preguntó: ¿a quién se le podía ocurrir asaltar con cuchillos a tres policías a las dos de la tarde en una calle con mucho tránsito y en frente de la delegación Venustiano Carranza, con el fin de robarles 500 pesos?

La detención “arbitraria” y sin orden de aprehensión de los dos jóvenes “no es otra cosa que terrorismo de Estado”, denunció.

En conferencia de prensa, los defensores y familiares de los jóvenes detenidos denunciaron las irregularidades que mancharon el proceso de averiguación previa y la posterior decisión de dictaminar un auto de formal prisión a los dos jóvenes el pasado 22 de noviembre.

Primero, destacaron el hecho de que los uniformados no forman parte de cualquier cuerpo de la Policía Federal, sino de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad.

Además, Bryan es uno de los jóvenes que fueron detenidos el 1 de diciembre del 2012, a raíz de las protestas contra el regreso del PRI en el poder.

El MP consignó “de forma exprés” a los dos jóvenes. La defensa aún tenía 28 horas para presentar pruebas que contradecían la versión de la Policía, ya que el término constitucional es de 48 horas, aseveró Sergio Soto, abogado de Jacqueline.

Durante las 20 horas Bryan y Jacqueline estuvieron en el MP, sus abogados realizaron la tarea que, en teoría, le corresponde a la Policía: Solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública del D.F. los vídeos de las tres cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, que forman parte del sistema de seguridad C-2 y C-4 del Gobierno capitalino.

Según los abogados, los vídeos que consiguieron se adecuan a la versión de los jóvenes: En ellos aparecen el Chevy seguido del taxi Tsuru. Luego los alcanza la camioneta del policía local que los detiene, pero enseguida se va.

Los defensores se trasladaron a la zona donde ocurrieron las detenciones. En la jerga judicial, esto se denomina “inspección ministerial”, pero en este caso las autoridades no la realizaron. Ahí, los abogados entrevistaron a los comerciantes y vecinos, quienes confirmaron una vez más la historia de los jóvenes.

El MP también omitió realizar las pruebas de huellas dactilares sobre los supuestos objetos del delito: Los cuchillos y el billete de 500 pesos, para ver si eran las de Bryan y Jacqueline. La prueba de dactiloscopía “es obligación del MP”, recordó Soto.

Más: El Ministerio Público no solicitó a la Policía Federal información sobre la adscripción de los tres uniformados ese día ni tampoco sus funciones específicas.

Varios indicios podrían haber motivado al MP a preguntar a la Policía Federal si los agentes hacían un operativo contra Bryan y su novia: Los antecedentes de Bryan por las manifestaciones del 1DMX y el hecho que ese mismo día –aproximadamente a la misma hora– un policía disparó su arma en Ciudad Universitaria después de sacar fotografías a los estudiantes del auditorio Justo Sierra, mejor conocido como Che Guevara. Pero, de nuevo, el MP no lo hizo.

Declaraciones idénticas

En sus declaraciones ante el MP, los tres policías aseguraron que patrullaban en la zona para realizar acciones de prevención. Estas tareas, subrayó Soto, recaen en las atribuciones de la policía del D.F.

Y no sólo eso: Según el abogado, las declaraciones de los tres agentes son absolutamente idénticas y, en algunos momentos, aberrantes.

Por ejemplo, leyó un extracto de la declaración de Luis Alberto Castillo Rodillo en la que supuestamente explicó al MP que se encontraba “con Lidia Zárate Herrera y Luis Alberto Castillo Rodillo”, es decir, él mismo.

“En materia penal, se presume que los testimonios que utilizan términos idénticos carecen de validez, pero el juez les dio valor probatoria”, lamentó Soto.

En ninguna parte de las declaraciones de los policías se hace mención de Ulises Chávez, quien vive recluido en su casa desde el 15 de noviembre, ya que según sus publicaciones en las redes sociales, al asomarse de su ventana puede ver a personas vestidas de civiles haciendo guardias en las cercanías de su vivienda.

A pesar de todo lo anterior, el juez 39 del Distrito Federal dictaminó el auto de formal prisión el pasado 22 de noviembre contra Bryan y Jacqueline, y dado el carácter federal del delito, se declaró incompetente por razón de fuero.

En los próximos días se dará a conocer el Juzgado en el que se llevará a cabo el juicio contra la pareja, informó Soto.

El juez federal deberá estudiar de nuevo todos los materiales que sirvieron para inculpar a los dos jóvenes y podrá analizar las pruebas que recogió la defensa.

María del Carmen Rodríguez, madre de Bryan, se indignó que el juez del D.F. “se brincó las pruebas que se le presentó”. Entonces estalló: “Alguien con un dedito de inteligencia se da cuenta del montaje tan tonto que ni siquiera supieron hacer”.

Recordó que tanto Bryan como Jacqueline “son luchadores sociales” pacifistas, que tocan en los cafés y venden hamburguesas vegetarianas como forma de ingresar dinero a sus hogares. Agregó que han participado en los movimientos para la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Y advirtió: “Algún día van a salir de este lugar y van a seguir luchando”. (APRO)