MEXICO, D.F., 14 de diciembre.- Al Gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya imagen se desmorona ante los ojos del mundo, le urge dejar atrás el caso Ayotzinapa. Y ni siquiera cuando está más desacreditado por las sospechas de corrupción que lo envuelven, abandona prácticas innobles, como la petición del mandatario de “superar” la tragedia. De ahí también el intento de la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, de sacar la chequera y repartir dinero entre los familiares de las víctimas, estrategia a la que antes recurrió infructuosamente el gobernador sustituto de Guerrero. Los padres de los normalistas dejan muy claro que no quieren dinero. Quieren a sus hijos vivos.

Reunión de los padres de normalistas de Ayotzinapa y senadores. (Foto Alejandro Ayala/Xinhua)

A poco más de dos meses del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de Enrique Peña Nieto intenta infructuosamente cerrar ese capítulo de barbarie que ya marcó su sexenio, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos siguen sin confiar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y no dejan de exigir justicia.

“No van a poder con nosotros hasta que nos entreguen a nuestros hijos; ahí sí nos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas.

Los esfuerzos del Gobierno Federal por dejar atrás la tragedia empezaron incluso antes de que Peña Nieto, al presentar el Plan Nuevo Guerrero el jueves 4 en Coyuca de Benítez, llamara a hacer “un esfuerzo colectivo”, mirar “hacia adelante y (…) superar este momento de dolor”.

En la última quincena de noviembre, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lía Limón García, ordenó a sus subalternos organizar una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos a fin de indemnizar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.

De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, la pretensión de la funcionaria era abrir la chequera para resarcir a los familiares de los normalistas desaparecidos y así presentar ante instancias internacionales “avances” en el caso Ayotzinapa, el cual rebasó las fronteras y ha dejado maltrecha la imagen de Peña Nieto.

Los cuestionamientos a México en el mundo por los crímenes de Ayotzinapa fueron palpados por Limón García, quien representó al Estado mexicano en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 30 de octubre en Washington y en otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) en San José de Costa Rica, el 21 de noviembre.

En ambos actos, la sombra de Ayotzinapa siguió a la delegación mexicana. Comisionados de la CIDH y jueces de la COIDH tocaron el tema mientras activistas acudieron a manifestarse con pancartas. (APRO/Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)