La Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas está considerando la salud y los derechos sexuales y reproductivos, para los niños de sólo diez años.

Hasta el secretario general Ban Ki-Moon está de acuerdo con esto. En una declaración publicada recientemente dijo: Los jóvenes, al igual que todas las personas, participan del derecho humano a la salud, que incluye la salud sexual y reproductiva.

En la actualidad, el derecho internacional no reconoce un derecho a la salud sexual y reproductiva y ciertamente, no lo contempla en el caso de menores. Pero tan sólo el año pasado, el Relator Especial de la ONU para la Salud, Anand Grover, desató una significativa polémica cuando afirmó que existe un derecho a la salud sexual y reproductiva y además, intentó definir ese derecho incluyendo en él el acceso al aborto, a la anticoncepción y a la educación sexual.

La relación de este derecho con la juventud que estableció el Secretario General y la Comisión de Población y Desarrollo (CPD), especialmente con los niños, es más controvertida puesto que podría definirse que el derecho en cuestión incluye el acceso al aborto y a la anticoncepción.

Organizaciones como la Federación Internacional de Planificación de la Familia (International Planned Parenthood IPPF) e Ipas, defensoras acérrimas de los derechos sexuales y reproductivos de los menores a nivel internacional y en las Naciones Unidas, ya han emitido informes oficiales para la oficina de la conferencia que apoyan el lenguaje de los derechos que incluye la anticoncepción y el aborto. También están usando la reunión como una oportunidad para atacar la participación de los padres en la salud sexual de sus hijos.

Para organizaciones como la IPPF, los padres son el mayor obstáculo para que los menores accedan a servicios como el aborto y la anticoncepción, y esperan conseguir en la conferencia un lenguaje que margine su función.

En su declaración oficial, la IPPF afirma: las leyes que restringen el acceso de los jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva, que incluyen las leyes de consentimiento conyugal o de los padres deben ser eliminadas o debe evitarse que se implementen. Ipas va aún más lejos y argumenta que los jóvenes deberían ser considerados actores independientes, libres de cualquier obstáculo que ignore su propia capacidad para tomar decisiones informadas. Su principal objetivo en esta conferencia será marginar la participación de los padres y alentar a los países que apoyan su postura para que ejerzan mayor presión que favorezca la clase de lenguaje que el Secretario General ha estado ya proponiendo.

Dado que el documento que se negociará en la conferencia insta a los gobiernos a prestar total atención a la satisfacción de las necesidades de salud reproductiva, de servicios y educativas de los jóvenes con absoluto respeto de su privacidad y confidencialidad, parece que sus esfuerzos pueden ya contar con una ventaja.

Los miembros de la Comisión han empezado a negociar el documento y la sesión final de negociaciones tendrá lugar en abril. Ciertamente estará entre las más controvertidas en años.