Apicultores y exportadores, al ampararse, consiguieron que el juez decretara por el momento, la suspensión de la siembra de la soya transgénica en la Península de Yucatán, según se informó recientemente en una reunión de trabajo realizada en la ciudad de Mérida.

Se presentó además un informe de los laboratorios INTERTEK que confirma la contaminación del diez por ciento de las muestras de mieles mexicanas por ellos procesadas, con los transgénicos o llamados Organismos Genéticamente Modificados (OGM), lo cual impedirá su exportación al mercado europeo. Asimismo, investigadores mexicanos continúan en alerta comparando los datos del número de muestras mexicanas contaminadas con la de los otros países, en especial con las de Argentina.

Expertos reunidos en la sede del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) con representantes de agrupaciones civiles, empresarios y técnicos provenientes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, evaluaron la situación y las repercusiones del cultivo de los transgénicos en la península yucateca.

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca Y Alimentación (SAGARPA), una de las instituciones mexicanas involucradas en la autorización del cultivo de la soya transgénica, hasta el momento no ha emitido su postura a los productores y ciudadanos que se la han solicitado.

La aprobación de la ley de la bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, aclara cada vez más que se hizo a espaldas de los mexicanos y que la consulta ciudadana que organiza el gobierno federal y que vence éste 3 de abril, con la finalidad de incrementar la superficie a cultivar de soya transgénica a 60 mil hectáreas en la Península de Yucatán, está hecha de tal manera que resulta casi imposible para los apicultores participar (son los principales afectados), coincidieron los participantes.

Indicaron que el portal electrónico abierto para consulta, aparte de que resalta que tipo de información debe recibir, falla constantemente y se bloquea.

De esta forma, una vez más, se muestra como las instituciones mexicanas imponen leyes ajenas a la realidad a los productores y que sus efectos van en detrimento de la economía de sus familias y sólo están acordes a los intereses de las grandes transnacionales, como Monsanto. Sin embargo esta Ley de Bioseguridad que rige el cultivo de los transgénicos en el país, fue aprobada por los legisladores y sus respectivos partidos políticos, pues ellos son los responsables directos y también hay que pedirles cuenta y ubicar a los partidos o los políticos que la aprobaron, que resultaron ser empresarios del ramo.

En esta misma reunión, donde participaron representantes de las agrupaciones civiles, empresarios y técnicos provenientes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, resaltaron la necesidad de articular un trabajo conjunto entre todos los actores involucrados, para conocer la situación real del impacto de los transgénicos en la miel, sus efectos en la economía de los productores mayas y sus implicaciones en la salud pública.

También se informó sobre los resultados del Taller Internacional de Apicultura Orgánica que se realizó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que ante la consulta sobre la liberación de la soya transgénica, emitieron una opinión firmada por representantes de 24 países y que será entregada a la SAGARPA, solicitando que este cultivo no se siembre en la Península de Yucatán y Chiapas, para proteger no solo la apicultura, sino también la agricultura tradicional y la salud de las familias del campo.

Los académicos y expertos aclararon la incompatibilidad al sistema intensivo ligado a la soya, con el sistema de manejo de recursos naturales de la Península de Yucatán, porque ante el uso de excesivos insumos como es el caso de los herbicidas, termina por contaminarse el manto freático y el suelo.

Entre los acuerdos generales de esta reunión de trabajo,  estuvo continuar con las líneas de investigación sobre el impacto de los cultivos de la soya transgénica, el monitoreo de la contaminación de las mieles y del polen e informar a la población de sus repercusiones sobre la salud.

Queda claro que este modelo de desarrollo agrícola impuesto, no estará propiciando el desarrollo local, sino sólo está ligado a las grandes empresas, ya que se confirma que la soya se siembra en tierras particulares, pero también en ejidos que rentan sus tierras a empresarios y a familias menonitas. Se ha detectado, sobre todo en Campeche, que la siembra de esta soya transgénica, se hace en tierras que antes eran selvas, lo cual significa el cambio del uso del suelo, excesivamente rápido y muchas veces de forma ilegal, aclararon los participantes.

Finalmente cabe resaltar también que la Ley de Bioseguridad, contiene aspectos que impiden la participación directa de los municipios, porque los ubica como la comunidad, sin embargo, existen otros marcos legales, como el artículo primero de la constitución mexicana recién reformada en el año 2011, que puede darle cobijo a las demandas de los campesinos y apicultores mayas de la Península de Yucatán.