1. Made in Yucatán. Tres años después, no ha pasado gran cosa. Siendo Directora del IVEY la arquitecta Angélica Araujo Lara, pagó unos terrenos que no existen. No porque no existiesen las tierras -ejidales- físicamente, sino más bien porque juridicamente, no eran ni son propiedades adquiribles, ya que el problema es que el gobierno del estado, a través del IVEY, no podía soltar los más de $360 millones que pagó, ante un bien inexistente o no enajenable. Un particular puede arriesgar su capital y pagar por "adelantado" unas tierras ejidales, rifándose a su suerte si el proceso ejidal culmina o no en la expedición de títulos de propiedad. Un gobierno, en cambio, tiene prohibido arriesgar el dinero de todos en un proceso especulativo.

2. Denuncia paleta. Por eso varios legisladores federales denunciaron a Angélica y a varios funcionarios estatales en 2010, del delito de peculado, que supone haber aplicado un millonario recurso público que se entregó a ejidatarios o a líderes ejidales, pagando por adelantado un bien que jurídicamente no existía ni existe aún, ya que aún no hay los mentados títulos. Sin embargo, la Fiscalía General de Yucatán, encabezada por el súper-piloto favorito de Ibóm, el licenciado Héctor Cabrera, ex-cuñado de la señora Ortega Pacheco, nunca ha informado de alguna diligencia en dicha investigación, si es que la carpeta de ese expediente judicial se abrió alguna vez. Impunidad para la señora Araujo Lara, garantizada por la gobernadora, aún cuando el delito se mantiene y se sostiene escandalosamente hasta el día de hoy.

3. Panuchos desinteresados. Varios legisladores panistas locales y federales se involucraron en el seguimiento del caso en su momento. Hay varios millones de pesos del pueblo en juego. Por eso llama la atención la abulia o el desinterés de los sucesores azules de los representantes populares, que en su momento hicieron la denuncia pública, interponiendo, además, demandas judiciales y recursos agrarios para que se castigue a los responsables de erogar un dinero en algo que no existe y de lo que no tenía ni tiene garantía un gobierno que pagó $360 millones sin que hubiese "cosa" jurídicamente comprable. Los legisladores panistas locales o federales actuales no le han puesto interés al asunto, a pesar de la cantidad de dinero público en juego y de que la involucrada es la ex alcaldesa Angélica Araujo. Vaya, ni siquiera por las evidentes implicaciones electorales que el asunto tiene. ¡Que con su pan se lo coman!

4. El siniestro Enríquez. Si de por sí la rueda de la Justicia no se mueve en Yucatán, ¡pues imagínese si nadie la empuja! En este asunto del fraude en Ucú también está implicado el diputado federal Felipe Enríquez Hernández, compadre de la gobernadora y precandidato del PRI, nada menos que a la alcaldía de una de las ciudades más importantes del país: Monterrey. Al parecer Enríquez Hernández y sus socios yucatecos "compraron" también una extensión de las mejores "quinientas-tantas" hectáreas adyacenntes a las 3 mil "de Angélica/IVEY/Gobierno de Yucatán" en un negocio redondo, que elevaría inmediatamente la plusvalía de las tierras de Enríquez y sus socios yucatecos. Con este tipo de operaciones, con la complicidad multinivel de autoridades en diversos puntos del país, Felipe Enríquez Hernández ha financiado campañas políticas del PRI en los últimos 10 años.

5. Chapulín colorado. Y decimos "complicidad multinivel" porque para avanzar en este tipo de fraude se necesita de participación de autoridades municipales, de las estatales directamente implicadas en este caso, como Angélica Araujo Lara, hoy candidata a senadora por Yucatán, pero, entonces directora del IVEY, y también de una actitud de hacerse de la vista gorda de algunas autoridades dependientes de la Secretaría de la Reforma Agraria, probablemente al más alto nivel, dado el tamaño del escándalo que no los movió ni tantito en México D.F.

6. Preguntitas. Porque las mismas preguntas que se hicieron en su momento al Gobierno del Estado, a Angélica Araujo Lara y al Consejero Jurídico del Gobierno del Estado Sergio Cuevas, siguen vigentes: ¿Quién expidió los cheques con el que pagó el gobierno unas tierras sin títulos y que por ley al día de hoy no son objeto legal de compra? ¿A quién se pagaron esos cheques? ¿Quién cobró esos cheques? ¿Quién fue el o la responsable en el IVEY de pagarlos? ¿Quién es el responsable de la pérdida de esos recursos, dado que se pagó un "objeto inexistente" jurídicamente? ¿Quién debe devolver esos recursos públicos en el caso (que es el caso) de que el gobierno de Yucatán no tenga (como no tiene) el "bien" supuestamente adquirido?

7. Responsable. El responsable de hacer contestar esas preguntas que prometió espontáneamente respoder Sergio Cuevas (dijo que expondría públicamente los documentos que amparaban "la compra perfecta") es el Fiscal General Héctor Cabrera Rivero. ¿Hay alguna pregunta respondida o algún documento exhibido? O en materia de Justicia, ¿seguiremos volando bajo, señor Fiscal general?