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MEXICO, D.F., 7 de diciembre.- En su primer día de Gobierno, el Presidente Enrique Peña Nieto y dirigentes de las principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, suscribieron el Pacto por México, con el cual —dijo— se emprenderían las reformas que el país necesita.
El acuerdo tenía cinco ejes: transformar al país en una sociedad de derechos; fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, así como lograr la seguridad y justicia; incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática.
Pero en realidad, desde septiembre se tejían acuerdos que en primer momento permitieron la aprobación de una reforma laboral que vulneró los derechos laborales, con la promesa de que desataría la creación de empleos, pero los empleos no se han creado, a pesar de que con la reforma se legalizó la precariedad en el empleo.
En el 2012, según datos de la Cepal, México sobresalió en América Latina como el único país donde creció la pobreza y la indigencia debido a la inestabilidad laboral y el deterioro de la economía; pero en el presente año, aún sin datos de la Cepal, con índices tan bajos de desarrollo y la ausencia de nuevos empleos, podemos concluir que la situación no ha mejorado.
En el primer año de Gobierno de Peña Nieto no se aprecian, tampoco hay signos positivos en la fortaleza del Estado mexicano, pues en realidad se ha seguido perdiendo el control de regiones extensas del territorio nacional, dominadas por el crimen organizado, como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, la sierra de Chihuahua, entre otras, donde la única opción racional de los habitantes ha sido organizar sus propias fuerzas armadas para salvaguardar su vida y sus propiedades, ante la ineptitud del Estado.
En las reformas legislativas aprobadas hay algunos aspectos positivos desde el punto de vista de la Izquierda, pero son limitados: en la reforma hacendaria la no aplicación del IVA a alimentos y medicinas; en la impartición de justicia, la creación de un sistema nacional único para todas las Entidades y más eficiente.
Pero en transparencia, a pesar de que las reformas dan mayor autonomía y autoridad al IFAI, Peña Nieto ha evitado entrar a fondo en el tema, dejando pasar la corrupción en altos funcionarios, como es el caso de los líderes sindicales y funcionarios de Pemex.
La democratización de la economía y la política, así como la ampliación de los derechos sociales, son temas de la agenda pendientes, porque la ley es letra muerta cuando afirma que “todos los mexicanos tienen derecho a servicios de salud”, pero en la realidad no se destinan recursos necesarios para garantizárselos.
Tampoco se ha cumplido la promesa de tomar en cuenta a los ciudadanos como actores fundamentales en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Se ha dado audiencia a los empresarios en materia de telecomunicaciones, así como en el tema de la reforma hacendaria, pero a los maestros se les mantuvo al margen de una reforma educativa.
Y ahora, frente a la energética, es mayor la urgencia de atender a los compromisos con los intereses de los grandes capitales para privatizar la industria, que consultar a los ciudadanos sobre la pertinencia de la reforma constitucional a través de un referéndum.
En estos días, el Pacto culmina con la reforma energética y la política. La privatización de Pemex es lo que verdaderamente interesaba a Peña Nieto, al PAN y a muchos empresarios, sobre todo a las grandes petroleras norteamericanas.
La reforma política ha sido una concesión al PAN, pero está quedando como un dromedario de siete jorobas y varias cabezas, con los compromisos de diversos intereses. Y algunos legisladores del PRD todavía titubean entre salirse o negociar algo —quizás la reforma política del Distrito Federal—, a pesar de que en el Congreso Nacional se decidió salir del Pacto.
En síntesis, el pacto le ha servido a Peña para enaltecer su imagen pública, sobre todo en el extranjero, pese a que su Gobierno no ha dado resultados. Queda la incógnita: ¿ha mejorado el desempeño legislativo?. (Agencias)