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MEXICO, D.F., 11 de febrero.- La empresa Oceanografía solicitará una revisión de los contratos que tiene firmados con Pemex Exploración y Producción para que se levante la sanción administrativa que le fue impuesta por la Secretaría de la Función Pública.
La compañía, inhabilitada esta mañana mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, informó que acudirá a un tribunal contencioso-administrativo en la búsqueda de un amparo.
“Oceanografía presentará un recurso de revisión y, en su caso, un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de lo Contencioso Administrativo y el juicio de amparo correspondiente”, informó la empresa.
Oceanografía fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública con una inhabilitación por el plazo de un año, nueve meses y doce días, tal como se publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación.
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, la sanción se motiva en que la empresa no entregó las fianzas de cumplimiento en los contratos celebrados con Pemex Exploración y Producción. Oceanografía rechaza el señalamiento.
La compañía dijo que entregó la documentación pertinente al Órgano Interno de Control de Pemex Exploración y Producción para garantizar la transparencia de los contratos, ya que siempre se ha actuado con legalidad en cada licitación y apego a los lineamientos y regulaciones de Pemex.
La circular OIC-PEP-AR-18.575. 005 /2014 de la SFP comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los gobiernos estatales y municipales que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Oceanografía durante 21 meses a partir de este martes.
Los contratos están vigentes, señalan, por lo que Oceanografía cumplió con las fianzas y el monto que debía garantizarse en concepto de Fianzas de Cumplimiento conforme al contrato, estaba previamente aceptado entre el propio Pemex Exploración y Producción y la institución emisora de la fianza, y ninguno de ellos notificó ni requirió a Oceanografía, puesto que todo estaba apegado a contrato. (El Economista)