MEXICO, D.F., 11 de febrero.- En México, los mecanismos para la protección a periodistas son insuficientes y limitados, aseguró Rogelio Hernández López, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC.

Rogelio Hernández López, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, AC.

En entrevista, el comunicador hizo énfasis que a más de siete años de su creación, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) todavía no puede actuar con suficiencia porque le faltan recursos y un marco legal interno.

En este contexto, ejemplificó que aunque dicha instancia legal atrae “casi de oficio” todos los casos de los cuales se entera vía denuncias o a través de su difusión en los medios, “el problema es de efectividad”, pues sólo en la cuarta parte de los casos abre averiguaciones previas, y de éstas sólo en 10% hay consignaciones.

“Se trata de un universo grande, pero no puede actuar con suficiencia porque le faltan recursos y no se ha aprobado la ley orgánica de la PGR, que ubicaría a la Fiscalía fuera del área de Derechos Humanos y la metería a la de delitos federales”, agregó Hernández López, quien señaló que hoy se cuenta con más personal, pero aún no están adscritos a la fiscalía porque la ley orgánica no le ha dado todavía esa autonomía.

Agregó que alrededor de 60% de las denuncias que ha recibido la Fiscalía han sido contra servidores públicos por casos, sobre todo, de amenazas, acoso, hostigamiento y abuso de autoridad.

En relación con el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos de la SEGOB, creado en el 2012, el periodista, quien también es integrante de su órgano consultivo, destacó que entre sus bondades, las medidas cautelares —es decir de protección policial automática— comienzan a funcionar, pues a las pocas horas se comunican con la gente amenazada y en dos días como máximo ésta ya tiene medidas cautelares.

Sin embargo, dice que hay varios problemas: “los periodistas y defensores en riesgo no están familiarizados con las formas para ingresar al mecanismo de protección, pues no hay la promoción nacional para que se diga dónde se puede acudir, que hay un número 1800, que hay un correo de emergencia, etcétera; entonces, los casos están llegando por las mediaciones de las organizaciones civiles”.

El segundo problema es que en Entidades como Tamaulipas y San Luis se desconoce con precisión lo que pasa, pues por temor a sus agresores o desconfianza hacia las autoridades los periodistas no denuncian.

Desplazados

Informó que de noviembre del 2012 (cuando arrancó el mecanismo por mandato de la ley), y hasta junio del 2013, el mecanismo recibió 87 solicitudes de incorporación; 35 de periodistas y 52 de defensores de derechos humanos.

-— ¿Cuáles son los motivos por los cuales abandonaron sus Entidades?

-— Oficialmente sabemos que la mayoría de los incorporados al mecanismo solicitaron medidas ordinarias de protección y se quedaron en sus entidades. Hasta diciembre del 2013, del total de periodistas, sólo a 23 se les aplicaron medidas extraordinarias por riesgo alto, y de esos siete u ocho han salido de sus entidades. A esos les llamamos desplazados.

Sin embargo, hay otros desplazados que no están en el mecanismo por desconfianza. De éstos, al menos hay dos en el D.F. y cinco fuera del país, principalmente en EE.UU. Sin embargo, Hernández López señala que el mecanismo de protección representa 10% o menos de las medidas que los periodistas necesitan para estar protegidos.

“Se brinda sólo protección cautelar, porque no hay, como lo hemos exigido, protección correctiva y preventiva. En el primer caso debe incluir protección social porque a los periodistas amenazados los arrancamos de su trabajo o de sus zonas de vivienda para protegerlos; o a veces, incluso los cambiamos de ciudad, y es como volver a empezar”. (El Universal)