México (19 de abril).-

La periodista Anabel Hernández, quien lleva 17 meses investigando a profundidad lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, ha encontrado elementos para señalar que de acuerdo con los dictámenes médicos de varios de los detenidos, es que no solo se les aplicó tortura por parte de la Policía Federal y del Ejército como un patrón, sino que ese fue el caso en el arresto de más del 50 por ciento de los detenidos del caso Ayotzinapa.

Esta aseveración, dijo, ya ha sido ratificada por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recordó que a lo largo de su investigación además ha encontrado el uso de una bolsa de plástico en la cabeza de la gran mayoría de los detenidos, asfixiándolos, golpeándolos para conseguir confesiones prefabricadas por la Procuraduría General de la República (PGR) y hubo prácticas de violencia sexual en más de 16 detenidos del caso Ayotzinapa y a quienes el gobierno acusa de haber desaparecido, asesinado y quemado a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el basurero de Cocula.

Se trata de violaciones, tocamientos indebidos, amenazas de violación, toques eléctricos en genitales o diversas partes, lo mismo en hombres como en mujeres. Incluso la Organización de las Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto y se ha dirimido de manera bastante sigilosa porque el gobierno mexicano no lo ha expuesto.

“Es un tema que se ha dirimido en cartas enviadas por las Naciones Unidas, los principales cinco relatores de Naciones Unidas, no por la oficina de México de Naciones Unidas, sino cinco relatores desde Ginebra, Suiza que han estado enviando estas misivas al gobierno de México reclamando esta situación. Lo que he encontrado es que no solo hubo estas torturas infames e incluso sexuales contra estos detenidos para construir la verdad histórica, sino la propia ONU está señalando que estas torturas sirvieron para que estas personas firmaran sus declaraciones prefabricadas por la propia PGR para sustentar la llamada verdad histórica”, indicó la periodista en entrevista con Ricardo Rocha.

Se refirió al caso de Sidronio Casarrubias, presunto líder de Guerreros Unidos y acusado de haber perpetrado la desaparición de los estudiantes y dijo que es una de las 16 personas que sufrió no solo la tortura, sino que además sufrió agresiones sexuales y denunció ante el juez que lleva su causa penal que días después de haber sido encarcelado en el penal del Altiplano, en octubre y noviembre del 2014, que el propio Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR fue a la prisión a ofrecerle 66 millones de pesos para que ratificara su confesión obtenida bajo violencia sexual y tortura.

Dijo que a lo largo de su investigación ha recibido cartas, por ejemplo, de Felipe Rodríguez Salgado alias “El cepillo” y de Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, dos de los principales acusados de supuestamente haber confesado haber quemado a los estudiantes en el basurero de Cocula y le señalan que también fueron violentados de una manera terrible.

En el caos de Reyes Landa, la ONU ha documentado el caso y dan por creíbles los testimonios de la tortura y abuso sexual que sufrió. También se habla de que fueron torturados sexualmente con golpes, asfixia y otras prácticas; Jonathan Osorio, “El Jona”, Agustín García, “El Chereje”. A ellos tres Murillo Karam los presentó en un video en noviembre diciendo que ellos habían sido.

“Por estas tres personas es que la PGR está sustentando que los estudiantes fueron quemados simultáneamente en el basurero, estos tres muchachos fueron víctima no sólo de tortura, sino de violencia sexual como forma de tortura para hacerlos firmar confesiones que ya estaban prefabricadas. En al menos una detención participó la Marina y esta persona narra cómo lo llevan en helicóptero del lugar donde lo detuvieron, de Tlapa, Guerrero, a las instalaciones de la Marina y narran cómo las instalaciones se convirtieron en salas de tortura brutal que duro horas, mientras les metían y sacaban cosas de su cuerpo para obtener confesiones prefabricadas”, aseguró.

La periodista aseguró que este asunto ha sido motivo de intercambios epistolares con la representación del gobierno de México en la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el gobierno ha respondido a estos alegatos, a las denuncias, tanto de las víctimas como de las propias cartas de Naciones Unidas que ya tuvieron que abrir un expediente o averiguación previa por la presunta tortura que sufrió Sidronio Casarrubias, cinco averiguaciones previas que incluyen diez casos de las otras personas que habrían sido violentadas sexualmente.

Aseguró que ante estas graves acusaciones, incluidas las de sobornos para que los inculpados aceptaran ratificar las declaraciones obtenidas bajo tortura contra Murillo Karam, el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón y Gustavo Salas, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), quien ha sido acusado de haber estado presente durante las amenazas y tortura de Gildardo López Astudillo, alias “El Cabo Gil”, ella solicitó entrevistas con los señalados para conocer su propia versión de los hechos y hasta el momento no se ha concretado.

La periodista dijo que el uso de la tortura en México no solo es empleada para realizar detenciones como la que se hizo pública a una mujer atacada por elementos del Ejército y la Policía Federal, sino que es utilizada la mayor parte de las veces en instalaciones públicas como en el caso Ayotzinapa, de acuerdo con el testimonio de las víctimas.