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*México (14 de junio).-
El pasado domingo por la noche, fui invitado a un programa de televisión para comentar las incidencias de la jornada electoral en Cancún. Ante el micrófono, sin embargo, dije que más que de lo ocurrido ese día en las calles y en las casillas —donde hubo hechos como la virtual suspensión de los servicios públicos de taxis y autobuses porque esos vehículos fueron monopolizados por el PRI para movilizar a sus operadores electorales—, era mejor hablar de las graves irregularidades cometidas a todo lo largo de la campaña electoral, e incluso en los meses anteriores a la misma. Y en particular, dada la limitación de tiempo, únicamente de la compra y coacción del voto y del derroche de dinero, que superó con mucho los topes de gastos de campaña.
Hoy tocaré sólo el tema de la compra de votos por parte del llamado Partido Verde, que como se sabe se ha convertido en un brazo ejecutor del PRI, al cual le aporta sufragios. Y si bien mencionaré especialmente lo ocurrido en Cancún, lo mismo sucede en todo el país, así que es un asunto de interés nacional.
Estas son las instrucciones que los mapaches del llamado Partido Verde estuvieron repartiendo antes y durante la jornada electoral del pasado domingo en Cancún. Basta darles un vistazo para que resulte evidente la compra de votos, pero los pillos que las redactaron fueron lo bastante hábiles para no ponerle sello ni firma que pudieran inculparlos.
El método más usual, que ha venido utilizando durante años ese seudopartido, es el reparto de despensas para paliar el hambre y las necesidades de los habitantes de las zonas marginadas de la ciudad. Así lo hizo anteriormente su candidato, Remberto Estrada —postulado también por el PRI y el Panal—, cuando contendió por una diputación federal. En aquel entonces decía sin tapujos a quien quisiera escucharlo, que durante tres años había estado repartiendo 20 mil despensas mensuales. No por generosidad, sino a cambio de votos. A los recipientes se les advirtió que el día de la elección deberían comprobar haber sufragado por ese individuo, mediante una foto de la boleta marcada, tomada con su celular. De no hacerlo, no recibirían más despensas.
Esta vez Remberto volvió a explotar la pobreza y las necesidades de la gente, ahora para ganar la presidencia municipal. El reparto y la ubicación de las bodegas donde se almacenaban las despensas eran bien conocidos. Pero no hubo una sola autoridad que moviera un dedo para investigar. Y hubo una innovación: el pago mediante tarjetas telefónicas. Como informó la corresponsal del diario El Universal en Cancún, Adriana Varillas, el día de la elección pudieron verse largas filas de personas que acudían a recargar tarjetas telefónicas en los establecimientos de la cadena Farmacias del Ahorro. Pero ni compraban medicamentos, ni pagaban por la recarga. Simplemente mencionaban cierto número que se les había enviado a su celular, en pago por su voto. Algo así como las famosas tarjetas de Soriana en 2012. El PRD, añade la información, presentó una denuncia formal ante los agentes de la Fepade, pero nada hicieron por investigar el hecho.
Ese es el gran problema. De nada sirve la ley, de nada sirve que en el código penal estén tipificados como delitos la compra y coacción del voto, si la autoridad electoral es omisa, sumisa y remisa ante esos hechos. Omisa porque pone ojos ciegos y oídos sordos, sumisa porque se somete a los dictados del poder, y remisa por la indolencia, rayana con la inactividad, que demuestra cuando finalmente tiene que actuar.
El tema da para más, pero el espacio no, así que será en otra ocasión cuando hablaremos de las organizaciones fantasmas que el Verde usa para sus trapacerías.
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